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Bukele implementa ley de agentes extranjeros tras protestas en El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprobado una ley que retiene el 30% de los ingresos de las ONG de derechos humanos, lo que ha generado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprobado una ley que retiene el 30% de los ingresos de las ONG de derechos humanos, lo que ha generado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional.
La reciente aprobación de esta ley ha suscitado alarmas sobre la posibilidad de que el gobierno busque controlar y silenciar a las organizaciones que abogan por derechos humanos. Las comparaciones con Nicaragua indican un camino peligroso hacia un autoritarismo similar, donde se limitan las libertades civiles y de expresión.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprobado una ley que retiene el 30% de los ingresos de las ONG de derechos humanos, lo que ha generado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional.
La reciente aprobación de esta ley ha suscitado alarmas sobre la posibilidad de que el gobierno busque controlar y silenciar a las organizaciones que abogan por derechos humanos. Las comparaciones con Nicaragua indican un camino peligroso hacia un autoritarismo similar, donde se limitan las libertades civiles y de expresión.
Este acontecimiento se produce en un contexto tenso, tras un desalojo violento de manifestantes frente a la residencia presidencial, realizado por la Policía Militar. Tal acción ha levantado preocupaciones sobre la represión de la disidencia y la confrontación entre el gobierno y sus opositores.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha aprobado una ley que retiene el 30% de los ingresos de las ONG de derechos humanos, lo que ha generado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional.
La reciente aprobación de esta ley ha suscitado alarmas sobre la posibilidad de que el gobierno busque controlar y silenciar a las organizaciones que abogan por derechos humanos. Las comparaciones con Nicaragua indican un camino peligroso hacia un autoritarismo similar, donde se limitan las libertades civiles y de expresión.
Este acontecimiento se produce en un contexto tenso, tras un desalojo violento de manifestantes frente a la residencia presidencial, realizado por la Policía Militar. Tal acción ha levantado preocupaciones sobre la represión de la disidencia y la confrontación entre el gobierno y sus opositores.
Los críticos de Bukele advierten que estas medidas son un intento deliberado de restringir las actividades de las organizaciones cívicas y de prensa independiente, elementos fundamentales en una democracia. La ley también ha encendido el debate sobre el futuro de las libertades civiles en El Salvador en medio de un creciente clima de temor y censura.
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