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El jueves, 15.000 agricultores de la Unión Europea se manifestarán en Bruselas para exigir la retirada del recorte del 22% en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y frenar el acuerdo comercial con Mercosur.
El jueves, 15.000 agricultores de la Unión Europea se manifestarán en Bruselas para exigir la retirada del recorte del 22% en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y frenar el acuerdo comercial con Mercosur.
La manifestación, organizada por COPA-COGECA, contará con la participación de más de 500 tractores y partirá del Boulevard Alberto II, concluyendo en la Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo. Se anticipa una destacada representación de agricultores españoles e italianos, quienes critican los recortes a la PAC, alertando sobre un posible aumento del 9,5% en los precios al consumidor.
El jueves, 15.000 agricultores de la Unión Europea se manifestarán en Bruselas para exigir la retirada del recorte del 22% en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y frenar el acuerdo comercial con Mercosur.
La manifestación, organizada por COPA-COGECA, contará con la participación de más de 500 tractores y partirá del Boulevard Alberto II, concluyendo en la Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo. Se anticipa una destacada representación de agricultores españoles e italianos, quienes critican los recortes a la PAC, alertando sobre un posible aumento del 9,5% en los precios al consumidor.
Los manifestantes se reunirán con Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura, enfrentando críticas por su escasa capacidad de influencia en el ámbito agrícola. Además, expresan su rechazo hacia la política comercial de la UE, acusándola de amenazar la agricultura local tras los acuerdos con EE.UU., Marruecos y Mercosur.
El jueves, 15.000 agricultores de la Unión Europea se manifestarán en Bruselas para exigir la retirada del recorte del 22% en los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y frenar el acuerdo comercial con Mercosur.
La manifestación, organizada por COPA-COGECA, contará con la participación de más de 500 tractores y partirá del Boulevard Alberto II, concluyendo en la Plaza de Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo. Se anticipa una destacada representación de agricultores españoles e italianos, quienes critican los recortes a la PAC, alertando sobre un posible aumento del 9,5% en los precios al consumidor.
Los manifestantes se reunirán con Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura, enfrentando críticas por su escasa capacidad de influencia en el ámbito agrícola. Además, expresan su rechazo hacia la política comercial de la UE, acusándola de amenazar la agricultura local tras los acuerdos con EE.UU., Marruecos y Mercosur.
A pesar de que el acuerdo con Mercosur podría proporcionar beneficios comerciales a la UE, los participantes advierten sobre los efectos adversos que los recortes a la PAC podrían tener en la agricultura del sur de Europa, señalando que estas decisiones comprometen la viabilidad de los agricultores locales.
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval, es acusado de acoso laboral y se niega a dimitir.
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval, es acusado de acoso laboral y se niega a dimitir.
La acusación proviene de una militante del PSOE, y mientras su partido planea discutir el tema, Valcárcel se defiende y pide la dimisión de otro político del PSdeG, quien enfrenta un caso de acoso similar. La situación ha generado un debate sobre la gestión política de estos casos y ha tensado las relaciones dentro del PSOE.
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval, es acusado de acoso laboral y se niega a dimitir.
La acusación proviene de una militante del PSOE, y mientras su partido planea discutir el tema, Valcárcel se defiende y pide la dimisión de otro político del PSdeG, quien enfrenta un caso de acoso similar. La situación ha generado un debate sobre la gestión política de estos casos y ha tensado las relaciones dentro del PSOE.
Valcárcel argumenta que ha actuado correctamente al pedir la renuncia de un concejal implicado en un caso de acoso, insinuando que las presiones que recibe son desproporcionadas. Este caso no solo ha desencadenado una lucha interna sino que también plantea preguntas sobre cómo se abordan y se perciben los problemas de acoso en la política local.
El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel Doval, es acusado de acoso laboral y se niega a dimitir.
La acusación proviene de una militante del PSOE, y mientras su partido planea discutir el tema, Valcárcel se defiende y pide la dimisión de otro político del PSdeG, quien enfrenta un caso de acoso similar. La situación ha generado un debate sobre la gestión política de estos casos y ha tensado las relaciones dentro del PSOE.
Valcárcel argumenta que ha actuado correctamente al pedir la renuncia de un concejal implicado en un caso de acoso, insinuando que las presiones que recibe son desproporcionadas. Este caso no solo ha desencadenado una lucha interna sino que también plantea preguntas sobre cómo se abordan y se perciben los problemas de acoso en la política local.
El conflicto actual destaca la complejidad de las dinámicas de poder dentro del PSOE y pone de relieve la necesidad de un tratamiento más transparente y efectivo de los casos de acoso en el ámbito político, algo que ha quedado en el centro de la discusión pública.
Agricultores de 40 organizaciones en la UE se manifestaron en Bruselas contra la reducción del 22% en los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) propuestos por la Comisión Europea.
Agricultores de 40 organizaciones en la UE se manifestaron en Bruselas contra la reducción del 22% en los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) propuestos por la Comisión Europea.
La protesta reunió a alrededor de 10,000 agricultores y coincidió con la reunión de líderes europeos, destacando la urgencia de sus preocupaciones. En España, asociaciones agrarias notables también se unieron a la causa, expresando su descontento no solo sobre los recortes presupuestarios, sino también sobre acuerdos comerciales que podrían afectar negativamente la competitividad del sector agrícola europeo.
Agricultores de 40 organizaciones en la UE se manifestaron en Bruselas contra la reducción del 22% en los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) propuestos por la Comisión Europea.
La protesta reunió a alrededor de 10,000 agricultores y coincidió con la reunión de líderes europeos, destacando la urgencia de sus preocupaciones. En España, asociaciones agrarias notables también se unieron a la causa, expresando su descontento no solo sobre los recortes presupuestarios, sino también sobre acuerdos comerciales que podrían afectar negativamente la competitividad del sector agrícola europeo.
Los expertos advierten que la reducción de fondos podría resultar en un aumento de precios alimentarios que fluctuaría entre un 6.5% y un 9.3%. Esta dinámica plantea serios desafíos económicos tanto para los productores como para los consumidores en toda la región.
Agricultores de 40 organizaciones en la UE se manifestaron en Bruselas contra la reducción del 22% en los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) propuestos por la Comisión Europea.
La protesta reunió a alrededor de 10,000 agricultores y coincidió con la reunión de líderes europeos, destacando la urgencia de sus preocupaciones. En España, asociaciones agrarias notables también se unieron a la causa, expresando su descontento no solo sobre los recortes presupuestarios, sino también sobre acuerdos comerciales que podrían afectar negativamente la competitividad del sector agrícola europeo.
Los expertos advierten que la reducción de fondos podría resultar en un aumento de precios alimentarios que fluctuaría entre un 6.5% y un 9.3%. Esta dinámica plantea serios desafíos económicos tanto para los productores como para los consumidores en toda la región.
Adicionalmente, se ha señalado que la posible renacionalización del modelo de apoyo de la PAC podría incrementar la desigualdad dentro del mercado único europeo, complicando aún más las relaciones comerciales entre los países miembros y afectando la estabilidad del sector agrícola en general.
La relación entre el PSOE y Sumar se ha deteriorado debido a que los socialistas desestiman las demandas de sus socios.
La relación entre el PSOE y Sumar se ha deteriorado debido a que los socialistas desestiman las demandas de sus socios.
Yolanda Díaz, líder de Sumar, exige reformas en vivienda y cambios en el gobierno, lo que ha llevado a esta tensión. Sumar ha solicitado una reunión después de criticar la falta de acción del PSOE frente a problemas como la corrupción y el acoso sexual. Aunque no hay amenazas inmediatas de abandonar el gobierno, Sumar está presionando por mejoras en la gestión gubernamental.
La relación entre el PSOE y Sumar se ha deteriorado debido a que los socialistas desestiman las demandas de sus socios.
Yolanda Díaz, líder de Sumar, exige reformas en vivienda y cambios en el gobierno, lo que ha llevado a esta tensión. Sumar ha solicitado una reunión después de criticar la falta de acción del PSOE frente a problemas como la corrupción y el acoso sexual. Aunque no hay amenazas inmediatas de abandonar el gobierno, Sumar está presionando por mejoras en la gestión gubernamental.
Enrique Santiago, portavoz de Sumar, ha destacado que han logrado introducir cambios en la coalición y enfatiza la necesidad de que el PSOE ofrezca respuestas claras. Esta presión busca revitalizar el gobierno en un contexto de “parálisis” política, en el que las decisiones y acciones se estancan, afectando el funcionamiento del país.
En Extremadura, los partidos políticos están intensificando sus campañas para las elecciones del 21 de diciembre, las cuales surgieron tras el rechazo del presupuesto propuesto por María Guardiola del PP.
En Extremadura, los partidos políticos están intensificando sus campañas para las elecciones del 21 de diciembre, las cuales surgieron tras el rechazo del presupuesto propuesto por María Guardiola del PP.
Las encuestas muestran que el PP lidera con un 42,9% de los votos y 31 escaños, aunque esto no es suficiente para lograr una mayoría absoluta, lo que podría llevar a una posible alianza con Vox, que exigiría un papel en el gobierno.
En Extremadura, los partidos políticos están intensificando sus campañas para las elecciones del 21 de diciembre, las cuales surgieron tras el rechazo del presupuesto propuesto por María Guardiola del PP.
Las encuestas muestran que el PP lidera con un 42,9% de los votos y 31 escaños, aunque esto no es suficiente para lograr una mayoría absoluta, lo que podría llevar a una posible alianza con Vox, que exigiría un papel en el gobierno.
Por otro lado, la oposición entre el PSOE y Unidas por Extremadura parece no contar con los escaños necesarios para establecer un gobierno alternativo. Óscar Fernández de Vox ha subrayado que su apoyo no se dará sin condiciones, lo que añade presión sobre las negociaciones.
En Extremadura, los partidos políticos están intensificando sus campañas para las elecciones del 21 de diciembre, las cuales surgieron tras el rechazo del presupuesto propuesto por María Guardiola del PP.
Las encuestas muestran que el PP lidera con un 42,9% de los votos y 31 escaños, aunque esto no es suficiente para lograr una mayoría absoluta, lo que podría llevar a una posible alianza con Vox, que exigiría un papel en el gobierno.
Por otro lado, la oposición entre el PSOE y Unidas por Extremadura parece no contar con los escaños necesarios para establecer un gobierno alternativo. Óscar Fernández de Vox ha subrayado que su apoyo no se dará sin condiciones, lo que añade presión sobre las negociaciones.
El PSOE y sus aliados de izquierda, con Miguel Ángel Gallardo e Irene de Miguel a la cabeza, buscan consolidar una alternativa viable con la intención de contrarrestar un posible gobierno de derecha en la región.
El Partido Popular (PP) ha intensificado sus críticas hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado al escándalo del rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El Partido Popular (PP) ha intensificado sus críticas hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado al escándalo del rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Cuca Gamarra, representante del PP, resaltó las conexiones de Zapatero con Julio Martínez, un empresario recientemente detenido, sugiriendo que la corrupción afecta también a figuras pasadas del Gobierno, incluyendo a Zapatero, lo que a su vez impacta en la administración actual de Pedro Sánchez.
El Partido Popular (PP) ha intensificado sus críticas hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado al escándalo del rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Cuca Gamarra, representante del PP, resaltó las conexiones de Zapatero con Julio Martínez, un empresario recientemente detenido, sugiriendo que la corrupción afecta también a figuras pasadas del Gobierno, incluyendo a Zapatero, lo que a su vez impacta en la administración actual de Pedro Sánchez.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se unió a las críticas señalando las relaciones de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de que Martínez fue liberado con medidas cautelares, las investigaciones sobre el rescate de Plus Ultra han resurgido, aludiendo al posible uso indebido de 53 millones de euros y cargos de blanqueo de capitales.
El Partido Popular (PP) ha intensificado sus críticas hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, vinculado al escándalo del rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Cuca Gamarra, representante del PP, resaltó las conexiones de Zapatero con Julio Martínez, un empresario recientemente detenido, sugiriendo que la corrupción afecta también a figuras pasadas del Gobierno, incluyendo a Zapatero, lo que a su vez impacta en la administración actual de Pedro Sánchez.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se unió a las críticas señalando las relaciones de Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro. A pesar de que Martínez fue liberado con medidas cautelares, las investigaciones sobre el rescate de Plus Ultra han resurgido, aludiendo al posible uso indebido de 53 millones de euros y cargos de blanqueo de capitales.
La atención hacia Zapatero puede aumentar la tensión política, ya que se considera su citación en el Senado para aclarar su relación con Plus Ultra y Martínez. Este caso podría dar pie a un nuevo ciclo de debates políticos en España, donde la oposición espera utilizar el escándalo para exigir mayor transparencia y rendición de cuentas al Gobierno.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta tensiones internas en su Ejecutivo debido a acusaciones de corrupción y escándalos de acoso sexual en el PSOE.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta tensiones internas en su Ejecutivo debido a acusaciones de corrupción y escándalos de acoso sexual en el PSOE.
A pesar de las presiones de su socio de coalición, Sumar, liderado por Yolanda Díaz, para realizar una reestructuración significativa del Gobierno, Sánchez ha rechazado estos cambios, añadiendo que su atención se centra en la gestión y no en la reestructuración del gabinete. Estas tensiones han aumentado con las recientes revelaciones de corrupción y la influencia de partidos como Podemos, destacando un clima de inestabilidad dentro de su Administracion.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta tensiones internas en su Ejecutivo debido a acusaciones de corrupción y escándalos de acoso sexual en el PSOE.
A pesar de las presiones de su socio de coalición, Sumar, liderado por Yolanda Díaz, para realizar una reestructuración significativa del Gobierno, Sánchez ha rechazado estos cambios, añadiendo que su atención se centra en la gestión y no en la reestructuración del gabinete. Estas tensiones han aumentado con las recientes revelaciones de corrupción y la influencia de partidos como Podemos, destacando un clima de inestabilidad dentro de su Administracion.
En medio de esta crisis, Sánchez ha anunciado el nombramiento de una nueva portavoz, quien reemplazará a Pilar Alegría, que se postulará para las elecciones en Aragón. El presidente ha subrayado su intención de mantener un enfoque en la equidad de género al nombrar a otra mujer para este puesto, reafirmando su confianza en el gabinete actual hasta al menos 2027, a pesar de las crecientes críticas internas sobre su gestión.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta tensiones internas en su Ejecutivo debido a acusaciones de corrupción y escándalos de acoso sexual en el PSOE.
A pesar de las presiones de su socio de coalición, Sumar, liderado por Yolanda Díaz, para realizar una reestructuración significativa del Gobierno, Sánchez ha rechazado estos cambios, añadiendo que su atención se centra en la gestión y no en la reestructuración del gabinete. Estas tensiones han aumentado con las recientes revelaciones de corrupción y la influencia de partidos como Podemos, destacando un clima de inestabilidad dentro de su Administracion.
En medio de esta crisis, Sánchez ha anunciado el nombramiento de una nueva portavoz, quien reemplazará a Pilar Alegría, que se postulará para las elecciones en Aragón. El presidente ha subrayado su intención de mantener un enfoque en la equidad de género al nombrar a otra mujer para este puesto, reafirmando su confianza en el gabinete actual hasta al menos 2027, a pesar de las crecientes críticas internas sobre su gestión.
Sánchez, aunque enfrenta presión de sus coaliciones, ha expresado su disposición a dialogar con sus socios para continuar impulsando políticas sociales, como el aumento del salario mínimo y mejoras en los permisos parentales. Esto indica su intención de mantener la estabilidad gubernamental mientras se acerca a las elecciones autonómicas, priorizando la implementación de políticas sobre cambios estructurales drásticos.
El presidente Pedro Sánchez atraviesa una crisis en el PSOE relacionada con escándalos de corrupción y acoso sexual.
El presidente Pedro Sánchez atraviesa una crisis en el PSOE relacionada con escándalos de corrupción y acoso sexual.
Los recientes escándalos han influido negativamente en la preparación del balance anual del año 2025, creando tensiones con sus aliados políticos y desatando preocupaciones sobre la estabilidad del gobierno. Este clima político se complica aún más con el resurgir del movimiento #MeToo, lo que añade presión sobre Sánchez.
El presidente Pedro Sánchez atraviesa una crisis en el PSOE relacionada con escándalos de corrupción y acoso sexual.
Los recientes escándalos han influido negativamente en la preparación del balance anual del año 2025, creando tensiones con sus aliados políticos y desatando preocupaciones sobre la estabilidad del gobierno. Este clima político se complica aún más con el resurgir del movimiento #MeToo, lo que añade presión sobre Sánchez.
Ante esta situación, la elaboración del balance de 2025 se convierte en un aspecto crucial para el liderazgo de Sánchez. Su capacidad para manejar la controversia actual es esencial para mantener el apoyo entre sus socios y preservar la estabilidad de su gobierno, que está bajo un intenso escrutinio público.
El presidente Pedro Sánchez atraviesa una crisis en el PSOE relacionada con escándalos de corrupción y acoso sexual.
Los recientes escándalos han influido negativamente en la preparación del balance anual del año 2025, creando tensiones con sus aliados políticos y desatando preocupaciones sobre la estabilidad del gobierno. Este clima político se complica aún más con el resurgir del movimiento #MeToo, lo que añade presión sobre Sánchez.
Ante esta situación, la elaboración del balance de 2025 se convierte en un aspecto crucial para el liderazgo de Sánchez. Su capacidad para manejar la controversia actual es esencial para mantener el apoyo entre sus socios y preservar la estabilidad de su gobierno, que está bajo un intenso escrutinio público.
Sánchez se encuentra en una encrucijada, donde la gestión de estas crisis no solo determinará el futuro del PSOE, sino también la continuidad de su administración en un entorno político cada vez más desafiante.
El 55,7% de los extremeños apoya la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, mientras se evalúa su funcionamiento hasta 2030.
El 55,7% de los extremeños apoya la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, mientras se evalúa su funcionamiento hasta 2030.
Este apoyo se manifiesta con mayor intensidad entre los votantes del Partido Popular (PP) y Vox, aunque también se observa un porcentaje considerable de socialistas a favor de la prórroga. Estas cifras indican una polarización política en torno a la cuestión energética en la región de Extremadura.
El 55,7% de los extremeños apoya la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, mientras se evalúa su funcionamiento hasta 2030.
Este apoyo se manifiesta con mayor intensidad entre los votantes del Partido Popular (PP) y Vox, aunque también se observa un porcentaje considerable de socialistas a favor de la prórroga. Estas cifras indican una polarización política en torno a la cuestión energética en la región de Extremadura.
En contraste, las opiniones sobre la apertura de nuevas minas de litio son más variadas, con un 40,2% de apoyo y un 33,5% de rechazo. La división en opiniones sobre este tema refleja los diferentes enfoques hacia la minería y la sostenibilidad en la zona.
El 55,7% de los extremeños apoya la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, mientras se evalúa su funcionamiento hasta 2030.
Este apoyo se manifiesta con mayor intensidad entre los votantes del Partido Popular (PP) y Vox, aunque también se observa un porcentaje considerable de socialistas a favor de la prórroga. Estas cifras indican una polarización política en torno a la cuestión energética en la región de Extremadura.
En contraste, las opiniones sobre la apertura de nuevas minas de litio son más variadas, con un 40,2% de apoyo y un 33,5% de rechazo. La división en opiniones sobre este tema refleja los diferentes enfoques hacia la minería y la sostenibilidad en la zona.
Ambas cuestiones exhiben un claro reparto ideológico entre los votantes, resaltando las tensiones existentes en la aceptación de proyectos energéticos y mineros. Este fenómeno sugiere que los temas medioambientales y energéticos son motivo de debate y divergencia en la región.
El 55,7% de los extremeños apoya la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, mientras se evalúa su funcionamiento hasta 2030.
Este apoyo se manifiesta con mayor intensidad entre los votantes del Partido Popular (PP) y Vox, aunque también se observa un porcentaje considerable de socialistas a favor de la prórroga. Estas cifras indican una polarización política en torno a la cuestión energética en la región de Extremadura.
En contraste, las opiniones sobre la apertura de nuevas minas de litio son más variadas, con un 40,2% de apoyo y un 33,5% de rechazo. La división en opiniones sobre este tema refleja los diferentes enfoques hacia la minería y la sostenibilidad en la zona.
Ambas cuestiones exhiben un claro reparto ideológico entre los votantes, resaltando las tensiones existentes en la aceptación de proyectos energéticos y mineros. Este fenómeno sugiere que los temas medioambientales y energéticos son motivo de debate y divergencia en la región.
En resumen, la situación actual en Extremadura sobre energía nuclear y minería revela no solo la complejidad de decisiones políticas y económicas, sino también cómo estas se ven influenciadas por las lealtades de cada grupo político.
El Partido Popular (PP) lidera las encuestas en Extremadura con un 42,9% de intención de voto, pero necesitaría coaligarse con Vox para gobernar.
El Partido Popular (PP) lidera las encuestas en Extremadura con un 42,9% de intención de voto, pero necesitaría coaligarse con Vox para gobernar.
Actualmente, el PP podría conseguir hasta 31 escaños, mientras que el PSOE podría obtener entre 21 y 23, lo que refleja un descenso considerable desde las elecciones de 2023. La presidenta María Guardiola tiene una valoración de 5,6 en su gestión y busca consolidar su posición ante el deseo del 54,6% de los encuestados de adelantar elecciones.
El Partido Popular (PP) lidera las encuestas en Extremadura con un 42,9% de intención de voto, pero necesitaría coaligarse con Vox para gobernar.
Actualmente, el PP podría conseguir hasta 31 escaños, mientras que el PSOE podría obtener entre 21 y 23, lo que refleja un descenso considerable desde las elecciones de 2023. La presidenta María Guardiola tiene una valoración de 5,6 en su gestión y busca consolidar su posición ante el deseo del 54,6% de los encuestados de adelantar elecciones.
El electorado está dividido en preferencias de alianzas: un 28,9% preferiría colaborar con el PSOE y un 27,8% con Vox. Además, los extremeños han expresado preocupaciones acerca de la falta de oportunidades para jóvenes y las condiciones de las conexiones ferroviarias, que son temas centrales en la campaña electoral.
El Partido Popular (PP) lidera las encuestas en Extremadura con un 42,9% de intención de voto, pero necesitaría coaligarse con Vox para gobernar.
Actualmente, el PP podría conseguir hasta 31 escaños, mientras que el PSOE podría obtener entre 21 y 23, lo que refleja un descenso considerable desde las elecciones de 2023. La presidenta María Guardiola tiene una valoración de 5,6 en su gestión y busca consolidar su posición ante el deseo del 54,6% de los encuestados de adelantar elecciones.
El electorado está dividido en preferencias de alianzas: un 28,9% preferiría colaborar con el PSOE y un 27,8% con Vox. Además, los extremeños han expresado preocupaciones acerca de la falta de oportunidades para jóvenes y las condiciones de las conexiones ferroviarias, que son temas centrales en la campaña electoral.
En el contexto del PSOE, los votantes muestran una mayor inclinación hacia Irene de Miguel de Unidas por Extremadura que hacia su propio líder, Miguel Ángel Gallardo, quien ha visto disminuir su apoyo, recibiendo solo un 24% de preferencia para dirigir la Junta.

