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Gobierno español propone a Teresa Peramato como fiscal general tras dimisión de García Ortiz
El Gobierno español ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, tras la renuncia de Álvaro García Ortiz.
El Gobierno español ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, tras la renuncia de Álvaro García Ortiz.
Peramato cuenta con 35 años de experiencia en el ámbito fiscal y actualmente ocupa el puesto de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Su nombramiento es significativo, dado su trabajo reconocido en la lucha contra la violencia de género.
El Gobierno español ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, tras la renuncia de Álvaro García Ortiz.
Peramato cuenta con 35 años de experiencia en el ámbito fiscal y actualmente ocupa el puesto de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Su nombramiento es significativo, dado su trabajo reconocido en la lucha contra la violencia de género.
La propuesta de Peramato deberá ser ratificada por el Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados, lo que añade un proceso de evaluación a su nombramiento. La comunidad jurídica está en espera de conocer cómo su enfoque afectará las políticas relacionadas con las víctimas de violencia de género.
El Gobierno español ha propuesto a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, tras la renuncia de Álvaro García Ortiz.
Peramato cuenta con 35 años de experiencia en el ámbito fiscal y actualmente ocupa el puesto de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Su nombramiento es significativo, dado su trabajo reconocido en la lucha contra la violencia de género.
La propuesta de Peramato deberá ser ratificada por el Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados, lo que añade un proceso de evaluación a su nombramiento. La comunidad jurídica está en espera de conocer cómo su enfoque afectará las políticas relacionadas con las víctimas de violencia de género.
Álvaro García Ortiz, quien fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, decidió renunciar para preservar la integridad de la institución. Mientras se formaliza el nombramiento de Peramato, Sánchez Conde asumirá interinamente las funciones de fiscal general.
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Bruselas propone reformas fiscales para financiar viviendas asequibles
La Comisión Europea está considerando reformas fiscales para financiar viviendas asequibles en la comunidad.
La Comisión Europea está considerando reformas fiscales para financiar viviendas asequibles en la comunidad.
Un informe del Housing Advisory Board recomienda aumentar la tributación sobre ingresos de activos inmobiliarios, como herencias y plusvalías, para destinar estos recursos a mejorar el acceso a viviendas sociales y alquileres regulados en medio de la crisis habitacional en Europa.
La Comisión Europea está considerando reformas fiscales para financiar viviendas asequibles en la comunidad.
Un informe del Housing Advisory Board recomienda aumentar la tributación sobre ingresos de activos inmobiliarios, como herencias y plusvalías, para destinar estos recursos a mejorar el acceso a viviendas sociales y alquileres regulados en medio de la crisis habitacional en Europa.
Además de las reformas fiscales, el plan incluye la regulación de alquileres a corto plazo y la implementación de impuestos sobre terrenos vacíos para fomentar el desarrollo urbano y combatir la especulación inmobiliaria. También se contempla la creación de un fondo específico para abordar el problema del sinhogarismo en la región y el impulso de alquileres de coste limitado en toda la Unión Europea.
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Juicio contra Jordi Pujol y su familia por fortuna oculta en Andorra
La Audiencia Nacional comenzará el juicio contra Jordi Pujol y su familia por diversos delitos relacionados con la corrupción.
La Audiencia Nacional comenzará el juicio contra Jordi Pujol y su familia por diversos delitos relacionados con la corrupción.
Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, enfrenta cargos por asociación ilícita, blanqueo de capitales y evasión fiscal vinculados a una fortuna oculta en Andorra. A sus 95 años, Pujol podría no comparecer en el juicio debido a problemas de salud, tras haber sido hospitalizado recientemente por una neumonía.
La Audiencia Nacional comenzará el juicio contra Jordi Pujol y su familia por diversos delitos relacionados con la corrupción.
Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, enfrenta cargos por asociación ilícita, blanqueo de capitales y evasión fiscal vinculados a una fortuna oculta en Andorra. A sus 95 años, Pujol podría no comparecer en el juicio debido a problemas de salud, tras haber sido hospitalizado recientemente por una neumonía.
El origen del caso se remonta a 2014 cuando Pujol reconoció la existencia de fondos no declarados que heredó. Desde entonces, la situación ha evolucionado hacia un proceso judicial que contempla penas que van de 9 a 29 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos.
La Audiencia Nacional comenzará el juicio contra Jordi Pujol y su familia por diversos delitos relacionados con la corrupción.
Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, enfrenta cargos por asociación ilícita, blanqueo de capitales y evasión fiscal vinculados a una fortuna oculta en Andorra. A sus 95 años, Pujol podría no comparecer en el juicio debido a problemas de salud, tras haber sido hospitalizado recientemente por una neumonía.
El origen del caso se remonta a 2014 cuando Pujol reconoció la existencia de fondos no declarados que heredó. Desde entonces, la situación ha evolucionado hacia un proceso judicial que contempla penas que van de 9 a 29 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los delitos.
El escándalo ha tenido repercusiones significativas en la política catalana, afectando especialmente a CDC, el partido que Pujol fundó y que ha visto su imagen deteriorarse debido a estos acontecimientos.
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Amenaza de prisión para Ábalos y García por riesgo de fuga en el caso de mascarillas
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su colaborador Koldo García podrían ser encarcelados de forma preventiva debido al riesgo de fuga antes del juicio por el caso de mascarillas.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su colaborador Koldo García podrían ser encarcelados de forma preventiva debido al riesgo de fuga antes del juicio por el caso de mascarillas.
El juez Leopoldo Puente se encuentra evaluando los riesgos asociados a los acusados, mientras que la Fiscalía ha solicitado penas severas como 24 años de prisión para Ábalos y 19 años para García, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su colaborador Koldo García podrían ser encarcelados de forma preventiva debido al riesgo de fuga antes del juicio por el caso de mascarillas.
El juez Leopoldo Puente se encuentra evaluando los riesgos asociados a los acusados, mientras que la Fiscalía ha solicitado penas severas como 24 años de prisión para Ábalos y 19 años para García, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra.
Las investigaciones han descubierto un posible “convenio criminal” que incluye a Víctor de Aldama, lo que agrava la situación legal de los implicados. A pesar de que Ábalos y García están bajo medidas cautelares en este momento, las autoridades consideran que dichas medidas no son adecuadas para asegurar el normal desarrollo del proceso penal.
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El Gobierno y sindicatos negocian aumento salarial para empleados públicos sin compensación total por la inflación
El Gobierno de España y los sindicatos están en la fase final de negociaciones para un acuerdo que aumentaría los salarios de los empleados públicos entre 2025 y 2028, proponiendo un incremento del 11%.
El Gobierno de España y los sindicatos están en la fase final de negociaciones para un acuerdo que aumentaría los salarios de los empleados públicos entre 2025 y 2028, proponiendo un incremento del 11%.
La propuesta de aumento salarial se presenta en un contexto donde la inflación acumulada desde 2022 ha alcanzado el 15%. A pesar de un incremento salarial del 9,5% en ese período, este no ha logrado compensar las pérdidas del poder adquisitivo. Se estima que el nuevo acuerdo podría incluir un incremento del 11,5% si se considera el efecto acumulado, pero no alcanzaría a compensar completamente la inflación.
El Gobierno de España y los sindicatos están en la fase final de negociaciones para un acuerdo que aumentaría los salarios de los empleados públicos entre 2025 y 2028, proponiendo un incremento del 11%.
La propuesta de aumento salarial se presenta en un contexto donde la inflación acumulada desde 2022 ha alcanzado el 15%. A pesar de un incremento salarial del 9,5% en ese período, este no ha logrado compensar las pérdidas del poder adquisitivo. Se estima que el nuevo acuerdo podría incluir un incremento del 11,5% si se considera el efecto acumulado, pero no alcanzaría a compensar completamente la inflación.
El plan discutido contempla un aumento limitado al 4% en los primeros dos años, lo que es problemático considerando que la inflación proyectada se acerca al 8,5%. Esta situación ha llevado a la CSIF, uno de los sindicatos involucrados, a rechazar la propuesta por considerarla insostenible dado el límite de gasto actual.
El Gobierno de España y los sindicatos están en la fase final de negociaciones para un acuerdo que aumentaría los salarios de los empleados públicos entre 2025 y 2028, proponiendo un incremento del 11%.
La propuesta de aumento salarial se presenta en un contexto donde la inflación acumulada desde 2022 ha alcanzado el 15%. A pesar de un incremento salarial del 9,5% en ese período, este no ha logrado compensar las pérdidas del poder adquisitivo. Se estima que el nuevo acuerdo podría incluir un incremento del 11,5% si se considera el efecto acumulado, pero no alcanzaría a compensar completamente la inflación.
El plan discutido contempla un aumento limitado al 4% en los primeros dos años, lo que es problemático considerando que la inflación proyectada se acerca al 8,5%. Esta situación ha llevado a la CSIF, uno de los sindicatos involucrados, a rechazar la propuesta por considerarla insostenible dado el límite de gasto actual.
El costo del aumento salarial podría implicar 20.000 millones de euros adicionales en cuatro años, lo que añade presión a las finanzas públicas en un contexto donde los empleados públicos han sufrido recortes y congelaciones salariales desde 2008. Aunque su situación ha mejorado en los últimos años, las pérdidas acumulativas aún son significativas.
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Condena al fiscal general causa tensión entre el Gobierno y el poder judicial
La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado controversia política en España, con dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros impuesta por el Tribunal Supremo.
La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado controversia política en España, con dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros impuesta por el Tribunal Supremo.
Las críticas al Gobierno han aumentado, especialmente de partidos opositores como el PP, quienes acusan a Pedro Sánchez de proteger a García Ortiz y de socavar la justicia. Yolanda Díaz, del Ejecutivo, ha señalado que el poder judicial ha interferido en la política, sugiriendo un cambio en la dinámica entre el Gobierno y el poder judicial.
La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado controversia política en España, con dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros impuesta por el Tribunal Supremo.
Las críticas al Gobierno han aumentado, especialmente de partidos opositores como el PP, quienes acusan a Pedro Sánchez de proteger a García Ortiz y de socavar la justicia. Yolanda Díaz, del Ejecutivo, ha señalado que el poder judicial ha interferido en la política, sugiriendo un cambio en la dinámica entre el Gobierno y el poder judicial.
La Asociación de Fiscales ha expresado su preocupación por las críticas gubernamentales, advirtiendo sobre el riesgo de erosionar la constitución y pidiendo que el nombramiento del fiscal general se base en la prestigio profesional. Además, llaman a la creación de un nuevo marco jurídico para garantizar la independencia del fiscal general.
La condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado controversia política en España, con dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros impuesta por el Tribunal Supremo.
Las críticas al Gobierno han aumentado, especialmente de partidos opositores como el PP, quienes acusan a Pedro Sánchez de proteger a García Ortiz y de socavar la justicia. Yolanda Díaz, del Ejecutivo, ha señalado que el poder judicial ha interferido en la política, sugiriendo un cambio en la dinámica entre el Gobierno y el poder judicial.
La Asociación de Fiscales ha expresado su preocupación por las críticas gubernamentales, advirtiendo sobre el riesgo de erosionar la constitución y pidiendo que el nombramiento del fiscal general se base en la prestigio profesional. Además, llaman a la creación de un nuevo marco jurídico para garantizar la independencia del fiscal general.
Este contexto actual destaca las tensiones entre el poder judicial y el Gobierno en España, indicando un momento decisivo para la autonomía del sistema judicial del país.
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Condena al Fiscal General Álvaro García Ortiz genera tensiones políticas y debate sobre independencia judicial
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa por la revelación de datos confidenciales.
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa por la revelación de datos confidenciales.
La sentencia, emitida por una mayoría conservadora del tribunal, ha generado un intenso debate sobre la independencia del sistema judicial en España. Contó con la disidencia de dos magistradas, lo que refleja la tension interna en el tribunal respecto a la imparcialidad del sistema judicial y su interacción con la política.
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa por la revelación de datos confidenciales.
La sentencia, emitida por una mayoría conservadora del tribunal, ha generado un intenso debate sobre la independencia del sistema judicial en España. Contó con la disidencia de dos magistradas, lo que refleja la tension interna en el tribunal respecto a la imparcialidad del sistema judicial y su interacción con la política.
La reacción del Partido Popular ha sido fuerte, considerándola el inicio de problemas judiciales para el Gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado abiertamente la decisión de Sánchez al nombrar a García Ortiz y ha exigido su dimisión ante las circunstancias de la condena.
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa por la revelación de datos confidenciales.
La sentencia, emitida por una mayoría conservadora del tribunal, ha generado un intenso debate sobre la independencia del sistema judicial en España. Contó con la disidencia de dos magistradas, lo que refleja la tension interna en el tribunal respecto a la imparcialidad del sistema judicial y su interacción con la política.
La reacción del Partido Popular ha sido fuerte, considerándola el inicio de problemas judiciales para el Gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado abiertamente la decisión de Sánchez al nombrar a García Ortiz y ha exigido su dimisión ante las circunstancias de la condena.
El Gobierno, en respuesta, ha defendido la inocencia de García Ortiz, mostrando desacuerdo con la decisión del tribunal y anunciando la intención de nombrar un nuevo fiscal general.
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa por la revelación de datos confidenciales.
La sentencia, emitida por una mayoría conservadora del tribunal, ha generado un intenso debate sobre la independencia del sistema judicial en España. Contó con la disidencia de dos magistradas, lo que refleja la tension interna en el tribunal respecto a la imparcialidad del sistema judicial y su interacción con la política.
La reacción del Partido Popular ha sido fuerte, considerándola el inicio de problemas judiciales para el Gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado abiertamente la decisión de Sánchez al nombrar a García Ortiz y ha exigido su dimisión ante las circunstancias de la condena.
El Gobierno, en respuesta, ha defendido la inocencia de García Ortiz, mostrando desacuerdo con la decisión del tribunal y anunciando la intención de nombrar un nuevo fiscal general.
Este caso resalta la polarización política en el país, evidenciada por la falta de una moción de censura por parte del PP, que prefiere esperar a las elecciones para desafiar al Gobierno.
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Decisión del Supremo de EE.UU. podría cambiar la política comercial de Trump y el panorama arancelario
El Tribunal Supremo de Estados Unidos está evaluando la legalidad de los ‘aranceles a la carta’ impuestos durante la administración de Donald Trump.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos está evaluando la legalidad de los ‘aranceles a la carta’ impuestos durante la administración de Donald Trump.
Estos aranceles, que oscilan entre el 10% y el 50%, han sido considerados ilegales por dos tribunales inferiores, lo que lleva a un debate sobre la autoridad del presidente para imponer tales gravámenes y si puede actuar bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales para Emergencias, un poder que la Constitución otorga al Congreso.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos está evaluando la legalidad de los ‘aranceles a la carta’ impuestos durante la administración de Donald Trump.
Estos aranceles, que oscilan entre el 10% y el 50%, han sido considerados ilegales por dos tribunales inferiores, lo que lleva a un debate sobre la autoridad del presidente para imponer tales gravámenes y si puede actuar bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales para Emergencias, un poder que la Constitución otorga al Congreso.
Si el Tribunal Supremo decide confirmar las decisiones de los tribunales inferiores, esto limitaría significativamente la capacidad del presidente de imponer aranceles de manera unilateral. Trump podría aún tener la opción de utilizar otros mecanismos, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 o la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, aunque ambos requieren investigaciones previas y evidencia.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos está evaluando la legalidad de los ‘aranceles a la carta’ impuestos durante la administración de Donald Trump.
Estos aranceles, que oscilan entre el 10% y el 50%, han sido considerados ilegales por dos tribunales inferiores, lo que lleva a un debate sobre la autoridad del presidente para imponer tales gravámenes y si puede actuar bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales para Emergencias, un poder que la Constitución otorga al Congreso.
Si el Tribunal Supremo decide confirmar las decisiones de los tribunales inferiores, esto limitaría significativamente la capacidad del presidente de imponer aranceles de manera unilateral. Trump podría aún tener la opción de utilizar otros mecanismos, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 o la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, aunque ambos requieren investigaciones previas y evidencia.
La decisión del Supremo no solo afectará a la administración Trump, sino también al sistema comercial de Estados Unidos y al comercio internacional en su conjunto, ya que podría provocar inestabilidad y un aumento de las tensiones comerciales a nivel global.
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La UE planea mejorar infraestructuras para la movilidad militar ante la amenaza de Rusia
La Comisión Europea ha propuesto medidas para mejorar la movilidad militar en Europa, enfocándose en la infraestructura de transporte.
La Comisión Europea ha propuesto medidas para mejorar la movilidad militar en Europa, enfocándose en la infraestructura de transporte.
La propuesta incluye la modernización de carreteras para permitir un traslado más eficiente de tropas y armamento, especialmente en situaciones de emergencia. El objetivo es reducir los tiempos de permisos de varios días a pocas horas, facilitando así una respuesta más rápida ante crisis.
La Comisión Europea ha propuesto medidas para mejorar la movilidad militar en Europa, enfocándose en la infraestructura de transporte.
La propuesta incluye la modernización de carreteras para permitir un traslado más eficiente de tropas y armamento, especialmente en situaciones de emergencia. El objetivo es reducir los tiempos de permisos de varios días a pocas horas, facilitando así una respuesta más rápida ante crisis.
Actualmente, la UE enfrenta retos significativos en la actualización y seguridad de sus redes viales, que presentan deficiencias que podrían obstaculizar el movimiento de material bélico durante conflictos. Esta situación es crítica considerando las tensiones actuales en la región.
La Comisión Europea ha propuesto medidas para mejorar la movilidad militar en Europa, enfocándose en la infraestructura de transporte.
La propuesta incluye la modernización de carreteras para permitir un traslado más eficiente de tropas y armamento, especialmente en situaciones de emergencia. El objetivo es reducir los tiempos de permisos de varios días a pocas horas, facilitando así una respuesta más rápida ante crisis.
Actualmente, la UE enfrenta retos significativos en la actualización y seguridad de sus redes viales, que presentan deficiencias que podrían obstaculizar el movimiento de material bélico durante conflictos. Esta situación es crítica considerando las tensiones actuales en la región.
Además, la dependencia creciente de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial y los drones, plantea nuevos desafíos para la defensa en Europa, acentuados por el contexto geopolítico tras la invasión de Ucrania. Es importante que Europa adapte sus capacidades defensivas a estos nuevos requerimientos.
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Histórico fallo del Supremo: condena al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos
El Tribunal Supremo de España ha condenado al fiscal general Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por filtrar información confidencial, un fallo que ha impactado significativamente en el ámbito político del país.
El Tribunal Supremo de España ha condenado al fiscal general Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por filtrar información confidencial, un fallo que ha impactado significativamente en el ámbito político del país.
La multa impuesta asciende a 7.300 euros y además se establece una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión judicial calificó la revelación de información privada como una violación del Código Penal, lo que despierta inquietud sobre las implicaciones en la política española.
El Tribunal Supremo de España ha condenado al fiscal general Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por filtrar información confidencial, un fallo que ha impactado significativamente en el ámbito político del país.
La multa impuesta asciende a 7.300 euros y además se establece una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión judicial calificó la revelación de información privada como una violación del Código Penal, lo que despierta inquietud sobre las implicaciones en la política española.
El proceso judicial sugirió que García Ortiz pudo haber intentado obtener un correo filtrado relacionado con la política del Partido Popular. Esto ha llevado a interpretaciones de que podría existir una estrategia política en marcha contra el Partido Popular, generando divisiones en la opinión pública y entre los partidos sobre la severidad y el momento del fallo.
El Tribunal Supremo de España ha condenado al fiscal general Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por filtrar información confidencial, un fallo que ha impactado significativamente en el ámbito político del país.
La multa impuesta asciende a 7.300 euros y además se establece una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión judicial calificó la revelación de información privada como una violación del Código Penal, lo que despierta inquietud sobre las implicaciones en la política española.
El proceso judicial sugirió que García Ortiz pudo haber intentado obtener un correo filtrado relacionado con la política del Partido Popular. Esto ha llevado a interpretaciones de que podría existir una estrategia política en marcha contra el Partido Popular, generando divisiones en la opinión pública y entre los partidos sobre la severidad y el momento del fallo.
García Ortiz está considerando recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que añade más complejidad al actual clima político. Simultáneamente, el Gobierno busca nombrar un nuevo fiscal general en medio de fuertes críticas de la oposición sobre cómo se ha manejado el caso, lo que pone en cuestión la credibilidad del Ejecutivo y plantea serias dudas sobre la separación de poderes en España.