news made with AI

Dos altos funcionarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han sido destituidos por su vinculación a Aqualex Boutique SL, una asesoría ilegal que ayudaba a empresas a conseguir contratos públicos.

Dos altos funcionarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han sido destituidos por su vinculación a Aqualex Boutique SL, una asesoría ilegal que ayudaba a empresas a conseguir contratos públicos.

Los cesados, Antonio Carrasco y Ramiro Salamanca, no habían presentado la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) para los fondos de la UE que gestionaban, lo que generó preguntas sobre posibles conflictos de intereses. La desactivación de la web de Aqualex tras su destitución sugiere un intento de ocultar sus actividades ilícitas.

Dos altos funcionarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han sido destituidos por su vinculación a Aqualex Boutique SL, una asesoría ilegal que ayudaba a empresas a conseguir contratos públicos.

Los cesados, Antonio Carrasco y Ramiro Salamanca, no habían presentado la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) para los fondos de la UE que gestionaban, lo que generó preguntas sobre posibles conflictos de intereses. La desactivación de la web de Aqualex tras su destitución sugiere un intento de ocultar sus actividades ilícitas.

Las críticas han surgido debido a que ambos permanecieron en sus cargos hasta ahora, lo que reaviva preocupaciones sobre la gestión del Partido Popular respecto a la compatibilidad entre funciones públicas y privadas. Se cuestiona la transparencia y el control interno de la administración regional, así como las circunstancias que les permitieron actuar como abogados mientras ocupaban posiciones gubernamentales.

Dos altos funcionarios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han sido destituidos por su vinculación a Aqualex Boutique SL, una asesoría ilegal que ayudaba a empresas a conseguir contratos públicos.

Los cesados, Antonio Carrasco y Ramiro Salamanca, no habían presentado la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) para los fondos de la UE que gestionaban, lo que generó preguntas sobre posibles conflictos de intereses. La desactivación de la web de Aqualex tras su destitución sugiere un intento de ocultar sus actividades ilícitas.

Las críticas han surgido debido a que ambos permanecieron en sus cargos hasta ahora, lo que reaviva preocupaciones sobre la gestión del Partido Popular respecto a la compatibilidad entre funciones públicas y privadas. Se cuestiona la transparencia y el control interno de la administración regional, así como las circunstancias que les permitieron actuar como abogados mientras ocupaban posiciones gubernamentales.

La controversia se desarrolla en un contexto en el cual la Consejería de Transformación Digital está recibiendo importantes fondos públicos, generando preocupación sobre la correcta implementación de dichos recursos. A medida que avance la investigación, se espera que el gobierno de Ayuso proporcione más información y detalle las medidas para evitar futuras irregularidades.