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El inicio del año judicial en España ha sido marcado por tensiones debido a la controversia en torno a la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está procesado por revelación de secretos.

El inicio del año judicial en España ha sido marcado por tensiones debido a la controversia en torno a la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está procesado por revelación de secretos.

La participación de García Ortiz en el acto presidido por el Rey Felipe VI ha generado críticas de asociaciones de jueces y fiscales, así como de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, quienes consideran su asistencia inapropiada dada su situación legal.

El inicio del año judicial en España ha sido marcado por tensiones debido a la controversia en torno a la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está procesado por revelación de secretos.

La participación de García Ortiz en el acto presidido por el Rey Felipe VI ha generado críticas de asociaciones de jueces y fiscales, así como de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, quienes consideran su asistencia inapropiada dada su situación legal.

Contrariamente, algunos sectores progresistas defienden la “normalidad institucional” y subrayan la obligatoriedad de su presencia en el evento. La discordia se intensifica con la decisión del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir al acto, interpretando esta falta de presencia como una “provocación”.

El inicio del año judicial en España ha sido marcado por tensiones debido a la controversia en torno a la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está procesado por revelación de secretos.

La participación de García Ortiz en el acto presidido por el Rey Felipe VI ha generado críticas de asociaciones de jueces y fiscales, así como de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial, quienes consideran su asistencia inapropiada dada su situación legal.

Contrariamente, algunos sectores progresistas defienden la “normalidad institucional” y subrayan la obligatoriedad de su presencia en el evento. La discordia se intensifica con la decisión del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir al acto, interpretando esta falta de presencia como una “provocación”.

Este evento no solo es simbólicamente importante para las instituciones españolas, sino que también pone de manifiesto las crecientes tensiones entre el Gobierno y el sector judicial, reflejando un contexto político complejo en el país.