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Controversia: fútbol español en Arabia Saudí.

La RFEF mantiene su acuerdo para jugar la Supercopa en Arabia Saudí, a pesar de la controversia por las violaciones de derechos humanos en el país.

Los clubes españoles enfrentan críticas por jugar en Arabia Saudí, donde hay graves violaciones a los derechos humanos. La RFEF planea prolongar este acuerdo millonario, a pesar de la polémica que genera, incluyendo la gestión poco transparente del contrato por parte de Rubiales.

Los clubes de fútbol español han suscitado críticas por su participación en competiciones en Arabia Saudí, un país con un historial de violaciones de derechos humanos. Desde 2020, la Supercopa se celebra allí tras un acuerdo firmado por Luis Rubiales y la sociedad estatal Sela, que ha sido denunciado por legitimizar un régimen opresor, sobre todo por el trato a mujeres y a la comunidad LGTBi. A pesar de las críticas, la RFEF planea seguir con este acuerdo y extenderlo a competiciones femeninas, generando 40 millones de euros anuales, lo que crea una dependencia financiera. Además, el contrato incluye comisiones ocultas, como la de Gerard Piqué, lo que plantea dudas sobre la transparencia del mismo. Las investigaciones legales revelan que Rubiales controla el acuerdo y se han ignorado ofertas más rentables de lugares como Qatar.

Los clubes de fútbol español han generado controversia al participar en competiciones en Arabia Saudí, un país con monarquía absoluta y violaciones a los derechos humanos. Desde 2020, la Supercopa se disputa en este país tras un acuerdo firmado por Luis Rubiales y la sociedad estatal Sela, ligada a la familia real saudí. Este evento ha sido criticado por legitimizar el régimen saudí, especialmente considerando las violaciones de derechos fundamentales, como el trato a mujeres y a la comunidad LGTBi.

A pesar de las críticas, la RFEF planea no solo mantener la Supercopa en Arabia sino ampliar el acuerdo para incluir competiciones femeninas. El contrato firmado en 2020 supone un ingreso de 40 millones de euros anuales para la RFEF, lo que ha llevado a una dependencia financiera significativa. Este contrato incluye comisiones ocultas, como la de Gerard Piqué, que recibe 4 millones de euros anuales sin clara justificación, levantando sospechas sobre la transparencia.

El acuerdo parece haber sido impulsado sin oposición dentro de la directiva de Rubiales, salvo por la renuncia de Ana Muñoz por razones éticas. Las investigaciones judiciales en curso han revelado un control absoluto de Rubiales sobre el contrato, ignorándose incluso ofertas más lucrativas de otros países como Qatar.