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El Gobierno de España enfrenta dificultades para acceder al quinto tramo del plan de recuperación europeo debido a la falta de cumplimiento en reformas críticas.

El Gobierno de España enfrenta dificultades para acceder al quinto tramo del plan de recuperación europeo debido a la falta de cumplimiento en reformas críticas.

Las autoridades en Bruselas han bloqueado alrededor de 1.000 millones de euros por cuestiones como la falta de implementación del impuesto al diésel y la digitalización de las entidades locales. El impuesto al diésel, aunque prometido por el Gobierno, ha sido constantemente rechazado en el Congreso, afectando la fiscalidad del combustible. En cuanto a la digitalización, aún se encuentra en proceso de evaluación, lo que retrasa el acceso a los fondos.

El Gobierno de España enfrenta dificultades para acceder al quinto tramo del plan de recuperación europeo debido a la falta de cumplimiento en reformas críticas.

Las autoridades en Bruselas han bloqueado alrededor de 1.000 millones de euros por cuestiones como la falta de implementación del impuesto al diésel y la digitalización de las entidades locales. El impuesto al diésel, aunque prometido por el Gobierno, ha sido constantemente rechazado en el Congreso, afectando la fiscalidad del combustible. En cuanto a la digitalización, aún se encuentra en proceso de evaluación, lo que retrasa el acceso a los fondos.

Otro tema relevante es la temporalidad en el sector público, donde la UE ha expresado su preocupación por la ausencia de sanciones adecuadas frente al abuso de los contratos temporales. A pesar de que existe un decreto destinado a reducir esta temporalidad, las indemnizaciones propuestas han sido consideradas insuficientes para abordar el problema de manera efectiva.

El Gobierno de España enfrenta dificultades para acceder al quinto tramo del plan de recuperación europeo debido a la falta de cumplimiento en reformas críticas.

Las autoridades en Bruselas han bloqueado alrededor de 1.000 millones de euros por cuestiones como la falta de implementación del impuesto al diésel y la digitalización de las entidades locales. El impuesto al diésel, aunque prometido por el Gobierno, ha sido constantemente rechazado en el Congreso, afectando la fiscalidad del combustible. En cuanto a la digitalización, aún se encuentra en proceso de evaluación, lo que retrasa el acceso a los fondos.

Otro tema relevante es la temporalidad en el sector público, donde la UE ha expresado su preocupación por la ausencia de sanciones adecuadas frente al abuso de los contratos temporales. A pesar de que existe un decreto destinado a reducir esta temporalidad, las indemnizaciones propuestas han sido consideradas insuficientes para abordar el problema de manera efectiva.

Bruselas ha otorgado al Gobierno español un plazo de seis meses para que se implementen las reformas necesarias. En el pasado, España enfrentó un retraso similar que fue resuelto una vez que se cumplieron otros objetivos relacionados con las pequeñas y medianas empresas (pymes). Es crucial que España continúe cumpliendo sus compromisos para acceder completamente a los fondos europeos.