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El debate en España sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y la deducción del IRPF destaca la exclusión de pensionistas y desempleados.
El debate en España sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y la deducción del IRPF destaca la exclusión de pensionistas y desempleados.
En 2025, se implementó una deducción para quienes ganan menos que el SMI, pero los parados y pensionistas no entran en esta medida, lo que afectará a más de un millón de pensionistas en 2026. Gestha ha pedido que se amplíe esta exención fiscal a esos grupos, considerando que sus ingresos son de origen laboral.
El debate en España sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y la deducción del IRPF destaca la exclusión de pensionistas y desempleados.
En 2025, se implementó una deducción para quienes ganan menos que el SMI, pero los parados y pensionistas no entran en esta medida, lo que afectará a más de un millón de pensionistas en 2026. Gestha ha pedido que se amplíe esta exención fiscal a esos grupos, considerando que sus ingresos son de origen laboral.
El Ministerio de Trabajo sugiere un aumento del 3,1% del SMI para el presente año y busca mantenerlo exento de impuestos. Sin embargo, la patronal señala que cualquier ajuste requeriría una modificación legislativa, haciendo que las negociaciones sean complejas.
El debate en España sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y la deducción del IRPF destaca la exclusión de pensionistas y desempleados.
En 2025, se implementó una deducción para quienes ganan menos que el SMI, pero los parados y pensionistas no entran en esta medida, lo que afectará a más de un millón de pensionistas en 2026. Gestha ha pedido que se amplíe esta exención fiscal a esos grupos, considerando que sus ingresos son de origen laboral.
El Ministerio de Trabajo sugiere un aumento del 3,1% del SMI para el presente año y busca mantenerlo exento de impuestos. Sin embargo, la patronal señala que cualquier ajuste requeriría una modificación legislativa, haciendo que las negociaciones sean complejas.
Gestha argumenta que si se excluye a pensionistas y desempleados de la tributación, el impacto fiscal sería mínimo. También proponen un mecanismo de deducción para implementar esta política, lo que evitaría efectos negativos en las finanzas públicas.

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