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Díaz busca dar a los sindicatos acceso a las cuentas empresariales antes de negociaciones de convenios
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone una nueva medida para que los sindicatos tengan acceso a la información económica de las empresas antes de iniciar negociaciones de convenios colectivos.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone una nueva medida para que los sindicatos tengan acceso a la información económica de las empresas antes de iniciar negociaciones de convenios colectivos.
La propuesta incluye la presentación de balances y detalles contractuales 15 días antes del inicio de las negociaciones. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la consecución de acuerdos más justos relacionados con los salarios y los márgenes de beneficio para los trabajadores.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone una nueva medida para que los sindicatos tengan acceso a la información económica de las empresas antes de iniciar negociaciones de convenios colectivos.
La propuesta incluye la presentación de balances y detalles contractuales 15 días antes del inicio de las negociaciones. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la consecución de acuerdos más justos relacionados con los salarios y los márgenes de beneficio para los trabajadores.
A pesar de contar con cierto apoyo, la propuesta enfrenta objeciones por parte del sector empresarial, particularmente de la CEOE, que cuestiona la viabilidad legal de implementar estos cambios sin una ley formal que los respalde.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propone una nueva medida para que los sindicatos tengan acceso a la información económica de las empresas antes de iniciar negociaciones de convenios colectivos.
La propuesta incluye la presentación de balances y detalles contractuales 15 días antes del inicio de las negociaciones. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la consecución de acuerdos más justos relacionados con los salarios y los márgenes de beneficio para los trabajadores.
A pesar de contar con cierto apoyo, la propuesta enfrenta objeciones por parte del sector empresarial, particularmente de la CEOE, que cuestiona la viabilidad legal de implementar estos cambios sin una ley formal que los respalde.
El contexto actual está marcado por tensiones adicionales, ya que la falta de información fiscal por parte de Hacienda podría afectar a los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
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