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El Gobierno español ha anulado un contrato de 6 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems para la compra de munición debido a la falta de autorización de importación.

El Gobierno español ha anulado un contrato de 6 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems para la compra de munición debido a la falta de autorización de importación.

Esta decisión surge en medio de controversias políticas dentro de la coalición de gobierno sobre la compra de armamento, especialmente en el contexto del reciente conflicto en Gaza que comenzó en octubre de 2023. La Abogacía del Estado había advertido sobre posibles implicaciones legales, sin embargo, se espera que no haya sanciones legales debido a la ausencia del permiso de importación.

El Gobierno español ha anulado un contrato de 6 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems para la compra de munición debido a la falta de autorización de importación.

Esta decisión surge en medio de controversias políticas dentro de la coalición de gobierno sobre la compra de armamento, especialmente en el contexto del reciente conflicto en Gaza que comenzó en octubre de 2023. La Abogacía del Estado había advertido sobre posibles implicaciones legales, sin embargo, se espera que no haya sanciones legales debido a la ausencia del permiso de importación.

La medida refleja las tensiones en las relaciones de España con Israel y el debate en torno a la ética de la adquisición de armas. La anulación del contrato subraya las complicaciones políticas que surgen en relación a la adquisición de armamento durante momentos de crisis internacional.

El Gobierno español ha anulado un contrato de 6 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems para la compra de munición debido a la falta de autorización de importación.

Esta decisión surge en medio de controversias políticas dentro de la coalición de gobierno sobre la compra de armamento, especialmente en el contexto del reciente conflicto en Gaza que comenzó en octubre de 2023. La Abogacía del Estado había advertido sobre posibles implicaciones legales, sin embargo, se espera que no haya sanciones legales debido a la ausencia del permiso de importación.

La medida refleja las tensiones en las relaciones de España con Israel y el debate en torno a la ética de la adquisición de armas. La anulación del contrato subraya las complicaciones políticas que surgen en relación a la adquisición de armamento durante momentos de crisis internacional.

Simultáneamente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado un informe que analiza la reforma de pensiones en España, indicando que se prevé que en diez años, un 30% de los ciudadanos retrasarán su jubilación debido a cambios legislativos y demográficos.

El Gobierno español ha anulado un contrato de 6 millones de euros con la empresa israelí IMI Systems para la compra de munición debido a la falta de autorización de importación.

Esta decisión surge en medio de controversias políticas dentro de la coalición de gobierno sobre la compra de armamento, especialmente en el contexto del reciente conflicto en Gaza que comenzó en octubre de 2023. La Abogacía del Estado había advertido sobre posibles implicaciones legales, sin embargo, se espera que no haya sanciones legales debido a la ausencia del permiso de importación.

La medida refleja las tensiones en las relaciones de España con Israel y el debate en torno a la ética de la adquisición de armas. La anulación del contrato subraya las complicaciones políticas que surgen en relación a la adquisición de armamento durante momentos de crisis internacional.

Simultáneamente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha presentado un informe que analiza la reforma de pensiones en España, indicando que se prevé que en diez años, un 30% de los ciudadanos retrasarán su jubilación debido a cambios legislativos y demográficos.

El informe también señala que la pensión media en España podría aumentar un 25% para el año 2050, resultado de la nueva normativa que asocia la revalorización de las pensiones a la inflación y que cambia las reglas sobre la penalización por jubilación anticipada, buscando así mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones.