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El Gobierno español ha decidido trasladar a aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla como parte de un plan aprobado en marzo que culminará en un año.

El Gobierno español ha decidido trasladar a aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla como parte de un plan aprobado en marzo que culminará en un año.

Las regiones controladas por el Partido Popular han criticado este plan, considerándolo “ilegal” y “arbitrario”, y han manifestado su descontento por tener que acatarlo. A pesar de esto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que el traslado se basará en indicadores económicos como el PIB y el desempleo, respaldado por un dictamen del Consejo de Estado.

El Gobierno español ha decidido trasladar a aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla como parte de un plan aprobado en marzo que culminará en un año.

Las regiones controladas por el Partido Popular han criticado este plan, considerándolo “ilegal” y “arbitrario”, y han manifestado su descontento por tener que acatarlo. A pesar de esto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que el traslado se basará en indicadores económicos como el PIB y el desempleo, respaldado por un dictamen del Consejo de Estado.

La implementación de este plan ha generado tensiones con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, quienes no han presentado alternativas durante las discusiones con el gobierno. Estas comunidades se preparan para posibles acciones legales en respuesta a la decisión del Gobierno.

El Gobierno español ha decidido trasladar a aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla como parte de un plan aprobado en marzo que culminará en un año.

Las regiones controladas por el Partido Popular han criticado este plan, considerándolo “ilegal” y “arbitrario”, y han manifestado su descontento por tener que acatarlo. A pesar de esto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que el traslado se basará en indicadores económicos como el PIB y el desempleo, respaldado por un dictamen del Consejo de Estado.

La implementación de este plan ha generado tensiones con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, quienes no han presentado alternativas durante las discusiones con el gobierno. Estas comunidades se preparan para posibles acciones legales en respuesta a la decisión del Gobierno.

El proceso de reubicación se centrará en garantizar especial atención a los menores bajo protección internacional, subrayando la responsabilidad de las comunidades autónomas de seguir la normativa vigente en relación con la protección de estos menores migrantes.