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El Gobierno español ha excedido en más de 75.000 millones de euros el gasto previsto para 2023, generando críticas por la falta de control parlamentario.

El Gobierno español ha excedido en más de 75.000 millones de euros el gasto previsto para 2023, generando críticas por la falta de control parlamentario.

Las modificaciones de crédito realizadas permiten una redistribución significativa de estos fondos, destacando un aumento del 50% en comparación con el gasto de 2025. Este incremento ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos, generando controversia en diferentes sectores de la sociedad.

El Gobierno español ha excedido en más de 75.000 millones de euros el gasto previsto para 2023, generando críticas por la falta de control parlamentario.

Las modificaciones de crédito realizadas permiten una redistribución significativa de estos fondos, destacando un aumento del 50% en comparación con el gasto de 2025. Este incremento ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos, generando controversia en diferentes sectores de la sociedad.

Las principales áreas beneficiadas incluyen la Defensa, que ha experimentado un aumento de 6.335 millones de euros para cumplir con los compromisos de la OTAN. Asimismo, se han realizado transferencias a la Seguridad Social y entidades territoriales, que son cruciales para el gasto socioeconómico, lo que resalta la complejidad de la situación financiera del país.

El Gobierno español ha excedido en más de 75.000 millones de euros el gasto previsto para 2023, generando críticas por la falta de control parlamentario.

Las modificaciones de crédito realizadas permiten una redistribución significativa de estos fondos, destacando un aumento del 50% en comparación con el gasto de 2025. Este incremento ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos, generando controversia en diferentes sectores de la sociedad.

Las principales áreas beneficiadas incluyen la Defensa, que ha experimentado un aumento de 6.335 millones de euros para cumplir con los compromisos de la OTAN. Asimismo, se han realizado transferencias a la Seguridad Social y entidades territoriales, que son cruciales para el gasto socioeconómico, lo que resalta la complejidad de la situación financiera del país.

A pesar del aumento en inversiones en áreas clave, la falta de un control adecuado y la transparencia en la gestión de estos recursos financieros continúan siendo objeto de debate, a medida que el Gobierno enfrenta presiones socioeconómicas y críticas por la ausencia de presupuestos adecuados.