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Gobierno español anuncia 12 medidas para combatir la crisis de vivienda.

El Gobierno español presenta 12 medidas para la crisis de vivienda, incluyendo incentivos fiscales para propietarios y restricciones a la compra especulativa por extranjeros.

El Gobierno español ha anunciado 12 medidas para enfrentar la crisis de vivienda, destacando incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres a precios referenciales. Se prevén bonificaciones en el IRPF de hasta el 100% y la creación de garantías públicas. El plan busca también limitar la compra especulativa de propiedades por extranjeros no residentes en la UE y facilitar el acceso a vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables.

El Gobierno español ha presentado un paquete de 12 medidas destinadas a combatir la crisis de vivienda, centrado en incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres a precios referenciales. Se implementarán bonificaciones en el IRPF de hasta el 100% para aquellos que cumplan, y se explorará la posibilidad de sanciones contra la compra especulativa por extranjeros no residentes en la UE. El objetivo es controlar la influencia del capital extranjero en el mercado y proteger a jóvenes y colectivos vulnerables. Además, se contempla la creación de una empresa pública de vivienda y la presentación de estas medidas en el Congreso. Este enfoque también busca eludir resistencias de autonomías gobernadas por el PP. En total, los compradores extranjeros no residentes adquirieron 16,715 viviendas en 2023, impulsados por ‘golden visas’. Todo esto forma parte de una estrategia más amplia para regular el sector habitacional en España y garantizar un acceso adecuado a la vivienda para todos.

El Gobierno español ha anunciado un paquete de 12 medidas para abordar la crisis de vivienda, poniendo un fuerte énfasis en propuestas fiscales para incentivar a los propietarios a reducir los precios del alquiler. Entre estas medidas se encuentran bonificaciones en el IRPF de hasta el 100% para aquellos que alquilen a precios referenciales fijados por el Ministerio de Vivienda, así como otros incentivos fiscales sin la necesidad de declarar zonas tensionadas, eludiendo resistencias de algunas autonomías gobernadas por el PP. Además, se contempla un sistema de garantías públicas inspirado en el modelo francés. También se están planteando sanciones para la compra especulativa de propiedades por extranjeros no residentes en la UE. En 2023, los compradores extranjeros no residentes adquirieron 16,715 viviendas, frecuentemente motivados por la obtención de ‘golden visas’. Estas medidas buscan controlar la influencia del capital extranjero en el mercado habitacional, abrir camino a futuras regulaciones y asegurar acceso a vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables. Todas estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que también incluye la creación de una empresa pública de vivienda y se presentarán en el Congreso para su deliberación.