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El Gobierno de España y los sindicatos están en la fase final de negociaciones para un acuerdo que aumentaría los salarios de los empleados públicos entre 2025 y 2028, proponiendo un incremento del 11%.
El Gobierno de España y los sindicatos están en la fase final de negociaciones para un acuerdo que aumentaría los salarios de los empleados públicos entre 2025 y 2028, proponiendo un incremento del 11%.
La propuesta de aumento salarial se presenta en un contexto donde la inflación acumulada desde 2022 ha alcanzado el 15%. A pesar de un incremento salarial del 9,5% en ese período, este no ha logrado compensar las pérdidas del poder adquisitivo. Se estima que el nuevo acuerdo podría incluir un incremento del 11,5% si se considera el efecto acumulado, pero no alcanzaría a compensar completamente la inflación.
El Gobierno de España y los sindicatos están en la fase final de negociaciones para un acuerdo que aumentaría los salarios de los empleados públicos entre 2025 y 2028, proponiendo un incremento del 11%.
La propuesta de aumento salarial se presenta en un contexto donde la inflación acumulada desde 2022 ha alcanzado el 15%. A pesar de un incremento salarial del 9,5% en ese período, este no ha logrado compensar las pérdidas del poder adquisitivo. Se estima que el nuevo acuerdo podría incluir un incremento del 11,5% si se considera el efecto acumulado, pero no alcanzaría a compensar completamente la inflación.
El plan discutido contempla un aumento limitado al 4% en los primeros dos años, lo que es problemático considerando que la inflación proyectada se acerca al 8,5%. Esta situación ha llevado a la CSIF, uno de los sindicatos involucrados, a rechazar la propuesta por considerarla insostenible dado el límite de gasto actual.
El Gobierno de España y los sindicatos están en la fase final de negociaciones para un acuerdo que aumentaría los salarios de los empleados públicos entre 2025 y 2028, proponiendo un incremento del 11%.
La propuesta de aumento salarial se presenta en un contexto donde la inflación acumulada desde 2022 ha alcanzado el 15%. A pesar de un incremento salarial del 9,5% en ese período, este no ha logrado compensar las pérdidas del poder adquisitivo. Se estima que el nuevo acuerdo podría incluir un incremento del 11,5% si se considera el efecto acumulado, pero no alcanzaría a compensar completamente la inflación.
El plan discutido contempla un aumento limitado al 4% en los primeros dos años, lo que es problemático considerando que la inflación proyectada se acerca al 8,5%. Esta situación ha llevado a la CSIF, uno de los sindicatos involucrados, a rechazar la propuesta por considerarla insostenible dado el límite de gasto actual.
El costo del aumento salarial podría implicar 20.000 millones de euros adicionales en cuatro años, lo que añade presión a las finanzas públicas en un contexto donde los empleados públicos han sufrido recortes y congelaciones salariales desde 2008. Aunque su situación ha mejorado en los últimos años, las pérdidas acumulativas aún son significativas.

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