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El retraso en la aplicación de ‘Verifactu’ genera incertidumbre en las empresas
El aplazamiento de la norma ‘Verifactu’ genera incertidumbre en el sector empresarial español.
El aplazamiento de la norma ‘Verifactu’ genera incertidumbre en el sector empresarial español.
La implementación de ‘Verifactu’, que originalmente debía entrar en vigor en 2023, se ha postergado hasta 2027, lo que ha llevado a diversas empresas a cuestionar sus inversiones previas en adaptación a la normativa. Estas compañías, que ya habían destinado recursos para cumplir con el requisito de facturación electrónica, se enfrentan ahora a la cancelación de proyectos que se habían planificado bajo la premisa de una transición inminente hacia la nueva regulación.
El aplazamiento de la norma ‘Verifactu’ genera incertidumbre en el sector empresarial español.
La implementación de ‘Verifactu’, que originalmente debía entrar en vigor en 2023, se ha postergado hasta 2027, lo que ha llevado a diversas empresas a cuestionar sus inversiones previas en adaptación a la normativa. Estas compañías, que ya habían destinado recursos para cumplir con el requisito de facturación electrónica, se enfrentan ahora a la cancelación de proyectos que se habían planificado bajo la premisa de una transición inminente hacia la nueva regulación.
El Tribunal Supremo ha intervenido en esta situación, resaltando la posible responsabilidad patrimonial de la Administración. Esta intervención sugiere que las decisiones tomadas por el gobierno deben estar alineadas con la confianza que las empresas han depositado en ellas, lo que implica un deber de coherencia en la comunicación y la implementación de políticas.
El aplazamiento de la norma ‘Verifactu’ genera incertidumbre en el sector empresarial español.
La implementación de ‘Verifactu’, que originalmente debía entrar en vigor en 2023, se ha postergado hasta 2027, lo que ha llevado a diversas empresas a cuestionar sus inversiones previas en adaptación a la normativa. Estas compañías, que ya habían destinado recursos para cumplir con el requisito de facturación electrónica, se enfrentan ahora a la cancelación de proyectos que se habían planificado bajo la premisa de una transición inminente hacia la nueva regulación.
El Tribunal Supremo ha intervenido en esta situación, resaltando la posible responsabilidad patrimonial de la Administración. Esta intervención sugiere que las decisiones tomadas por el gobierno deben estar alineadas con la confianza que las empresas han depositado en ellas, lo que implica un deber de coherencia en la comunicación y la implementación de políticas.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, las expectativas sobre posibles compensaciones para las empresas afectadas por el aplazamiento se convierten en un tema central de discusión. La falta de claridad sobre qué pasos seguirá la Administración para mitigar el impacto de esta decisión podría influir en el clima de inversión y confianza en el sector económico.
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