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El Tribunal Supremo de España ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la jubilación obligatoria de funcionarios con incapacidad permanente.

El Tribunal Supremo de España ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la jubilación obligatoria de funcionarios con incapacidad permanente.

Este requerimiento del Tribunal Supremo surge a raíz de modificaciones en el ámbito privado que prohíben el despido automático por incapacidad, mientras que el Estatuto Básico de Empleados Públicos continúa permitiendo la jubilación forzosa sin considerar adaptaciones laborales.

El Tribunal Supremo de España ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la jubilación obligatoria de funcionarios con incapacidad permanente.

Este requerimiento del Tribunal Supremo surge a raíz de modificaciones en el ámbito privado que prohíben el despido automático por incapacidad, mientras que el Estatuto Básico de Empleados Públicos continúa permitiendo la jubilación forzosa sin considerar adaptaciones laborales.

La decisión del Tribunal de Justicia será crucial, ya que determinará si las directivas europeas que exigen ajustes en situaciones de incapacidad laboral son aplicables a los funcionarios públicos. Este fallo podría llevar a un cambio significativo en la normativa vigente en España.

El Tribunal Supremo de España ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la jubilación obligatoria de funcionarios con incapacidad permanente.

Este requerimiento del Tribunal Supremo surge a raíz de modificaciones en el ámbito privado que prohíben el despido automático por incapacidad, mientras que el Estatuto Básico de Empleados Públicos continúa permitiendo la jubilación forzosa sin considerar adaptaciones laborales.

La decisión del Tribunal de Justicia será crucial, ya que determinará si las directivas europeas que exigen ajustes en situaciones de incapacidad laboral son aplicables a los funcionarios públicos. Este fallo podría llevar a un cambio significativo en la normativa vigente en España.

Este asunto se entrelaza con un proyecto legislativo del PSOE en el Congreso que tiene como objetivo adaptar los puestos de los funcionarios antes de su jubilación, lo que añade una dimensión política al debate judicial en curso.