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El Supremo obligará a los bancos a devolver dinero por fraudes desde octubre de 2025
El Tribunal Supremo de España ha dictaminado que los bancos deberán reembolsar a clientes en casos de fraude por suplantación de identidad si no verifican que los datos coinciden con el IBAN.
El Tribunal Supremo de España ha dictaminado que los bancos deberán reembolsar a clientes en casos de fraude por suplantación de identidad si no verifican que los datos coinciden con el IBAN.
La decisión afectará a la normativa que entrará en vigor en octubre de 2025, obligando a las entidades bancarias a confirmar la identidad del beneficiario antes de realizar transferencias. Esta medida busca proteger a los consumidores de fraudes que han aumentado considerablemente en los últimos años.
El Tribunal Supremo de España ha dictaminado que los bancos deberán reembolsar a clientes en casos de fraude por suplantación de identidad si no verifican que los datos coinciden con el IBAN.
La decisión afectará a la normativa que entrará en vigor en octubre de 2025, obligando a las entidades bancarias a confirmar la identidad del beneficiario antes de realizar transferencias. Esta medida busca proteger a los consumidores de fraudes que han aumentado considerablemente en los últimos años.
El fallo se instaura a raíz de un caso de fraude ocurrido en 2019, donde la falta de verificación ocasionó pérdidas significativas para los clientes. Anteriormente, los bancos se basaban en un decreto de 2018 que limitaba su responsabilidad ante este tipo de fraudes.
El Tribunal Supremo de España ha dictaminado que los bancos deberán reembolsar a clientes en casos de fraude por suplantación de identidad si no verifican que los datos coinciden con el IBAN.
La decisión afectará a la normativa que entrará en vigor en octubre de 2025, obligando a las entidades bancarias a confirmar la identidad del beneficiario antes de realizar transferencias. Esta medida busca proteger a los consumidores de fraudes que han aumentado considerablemente en los últimos años.
El fallo se instaura a raíz de un caso de fraude ocurrido en 2019, donde la falta de verificación ocasionó pérdidas significativas para los clientes. Anteriormente, los bancos se basaban en un decreto de 2018 que limitaba su responsabilidad ante este tipo de fraudes.
Este cambio normativo representa una evolución importante en la relación de responsabilidad entre los bancos y sus clientes, con un foco creciente en la seguridad y la protección de datos. Se prevé que la proliferación de fraudes de phishing pueda costarle a los consumidores hasta 170 millones de euros para 2025, lo que resalta la importancia de estas nuevas regulaciones.
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