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Durante la pandemia de COVID-19, se observaron diferencias significativas en la gestión de residencias de ancianos en España, destacando cómo las políticas adoptadas afectaron la mortalidad entre los residentes.

Durante la pandemia de COVID-19, se observaron diferencias significativas en la gestión de residencias de ancianos en España, destacando cómo las políticas adoptadas afectaron la mortalidad entre los residentes.

En Madrid, más de 9,000 muertes se registraron en residencias entre marzo y abril de 2020. Esto ocurrió en parte por las restricciones que impedían el traslado de ancianos a hospitales y la falta de personal y recursos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria.

Durante la pandemia de COVID-19, se observaron diferencias significativas en la gestión de residencias de ancianos en España, destacando cómo las políticas adoptadas afectaron la mortalidad entre los residentes.

En Madrid, más de 9,000 muertes se registraron en residencias entre marzo y abril de 2020. Esto ocurrió en parte por las restricciones que impedían el traslado de ancianos a hospitales y la falta de personal y recursos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria.

Por otro lado, comunidades autónomas como Canarias y Asturias adoptaron protocolos de actuación claros y efectivos que priorizaron la protección de los ancianos. En Canarias, se logró una reducción del 95% en las muertes esperadas, mientras que Asturias y Murcia implementaron enfoques proactivos y centros intermedios que resultaron más compasivos y eficaces.

Durante la pandemia de COVID-19, se observaron diferencias significativas en la gestión de residencias de ancianos en España, destacando cómo las políticas adoptadas afectaron la mortalidad entre los residentes.

En Madrid, más de 9,000 muertes se registraron en residencias entre marzo y abril de 2020. Esto ocurrió en parte por las restricciones que impedían el traslado de ancianos a hospitales y la falta de personal y recursos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria.

Por otro lado, comunidades autónomas como Canarias y Asturias adoptaron protocolos de actuación claros y efectivos que priorizaron la protección de los ancianos. En Canarias, se logró una reducción del 95% en las muertes esperadas, mientras que Asturias y Murcia implementaron enfoques proactivos y centros intermedios que resultaron más compasivos y eficaces.

Estos contrastes en la gestión resaltan la relevancia de adoptar protocolos alternativos de atención y la mejora en la formación del personal en residencias de ancianos, con el objetivo de prevenir crisis sanitarias similares en el futuro.