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Villamanín, un pequeño pueblo de León con menos de 900 habitantes, enfrenta una crisis tras el escándalo relacionado con las participaciones del Gordo de Navidad, que generaron un déficit de cuatro millones de euros.

Villamanín, un pequeño pueblo de León con menos de 900 habitantes, enfrenta una crisis tras el escándalo relacionado con las participaciones del Gordo de Navidad, que generaron un déficit de cuatro millones de euros.

La situación se desató cuando se descubrió que 50 de las 450 participaciones vendidas no contaban con los décimos oficiales. Esto ha causado descontento entre los vecinos que esperaban recibir 80.000 euros por papeleta, lo que ha creado un ambiente de tensión en la comunidad.

Villamanín, un pequeño pueblo de León con menos de 900 habitantes, enfrenta una crisis tras el escándalo relacionado con las participaciones del Gordo de Navidad, que generaron un déficit de cuatro millones de euros.

La situación se desató cuando se descubrió que 50 de las 450 participaciones vendidas no contaban con los décimos oficiales. Esto ha causado descontento entre los vecinos que esperaban recibir 80.000 euros por papeleta, lo que ha creado un ambiente de tensión en la comunidad.

Durante una reunión posterior al descubrimiento del problema, la Comisión de Fiestas propuso que sus miembros renunciaran a sus premios y que los portadores donaran un 10% de los mismos. Sin embargo, esta medida solo cubriría la mitad del déficit, y el plazo para el cobro de premios finaliza el 22 de marzo, lo que añade riesgo de conflictos legales.

Villamanín, un pequeño pueblo de León con menos de 900 habitantes, enfrenta una crisis tras el escándalo relacionado con las participaciones del Gordo de Navidad, que generaron un déficit de cuatro millones de euros.

La situación se desató cuando se descubrió que 50 de las 450 participaciones vendidas no contaban con los décimos oficiales. Esto ha causado descontento entre los vecinos que esperaban recibir 80.000 euros por papeleta, lo que ha creado un ambiente de tensión en la comunidad.

Durante una reunión posterior al descubrimiento del problema, la Comisión de Fiestas propuso que sus miembros renunciaran a sus premios y que los portadores donaran un 10% de los mismos. Sin embargo, esta medida solo cubriría la mitad del déficit, y el plazo para el cobro de premios finaliza el 22 de marzo, lo que añade riesgo de conflictos legales.

A medida que la comunidad se divide entre quienes acusan de fraude y quienes defienden la buena fe de la Comisión, esta última ha emitido un comunicado pidiendo disculpas y solicitando solidaridad. Están trabajando en un acuerdo que garantice una solución legal y justa, para evitar mayores conflictos.