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España defiende su capacidad de intervención en fusiones empresariales ante Bruselas respaldado por el BCE
El Gobierno español afirma su derecho a intervenir en fusiones empresariales, respaldado por el Banco Central Europeo (BCE).
El Gobierno español afirma su derecho a intervenir en fusiones empresariales, respaldado por el Banco Central Europeo (BCE).
Esta postura surge tras un expediente de la Comisión Europea relacionado con las condiciones impuestas a BBVA en su fallido intento de adquirir Banco Sabadell. A pesar de la inminente transferencia de competencias al BCE para autorizar estas fusiones, España insiste en su autoridad para implementar requisitos en transacciones que puedan presentar riesgos para el interés nacional, según lo establecido en la Ley de Defensa de 2007.
El Gobierno español afirma su derecho a intervenir en fusiones empresariales, respaldado por el Banco Central Europeo (BCE).
Esta postura surge tras un expediente de la Comisión Europea relacionado con las condiciones impuestas a BBVA en su fallido intento de adquirir Banco Sabadell. A pesar de la inminente transferencia de competencias al BCE para autorizar estas fusiones, España insiste en su autoridad para implementar requisitos en transacciones que puedan presentar riesgos para el interés nacional, según lo establecido en la Ley de Defensa de 2007.
El Gobierno ha reiterado que su capacidad para intervenir es crucial en la preservación del interés nacional y mantiene que ello está dentro de sus derechos soberanos. Este enfoque ha sido objeto de revisión por parte de Bruselas, que debe decidir si acepta las justificaciones de España o persiste en un procedimiento judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El Gobierno español afirma su derecho a intervenir en fusiones empresariales, respaldado por el Banco Central Europeo (BCE).
Esta postura surge tras un expediente de la Comisión Europea relacionado con las condiciones impuestas a BBVA en su fallido intento de adquirir Banco Sabadell. A pesar de la inminente transferencia de competencias al BCE para autorizar estas fusiones, España insiste en su autoridad para implementar requisitos en transacciones que puedan presentar riesgos para el interés nacional, según lo establecido en la Ley de Defensa de 2007.
El Gobierno ha reiterado que su capacidad para intervenir es crucial en la preservación del interés nacional y mantiene que ello está dentro de sus derechos soberanos. Este enfoque ha sido objeto de revisión por parte de Bruselas, que debe decidir si acepta las justificaciones de España o persiste en un procedimiento judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El resultado de esta revisión podría tener implicaciones importantes para el futuro de las fusiones empresariales en la zona euro, así como para la autonomía de los estados miembros en la regulación de sus mercados financieros.
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