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España enfrenta una denuncia ante la Comisión Europea por prácticas fiscales discriminatorias que afectan a propietarios extranjeros de viviendas en alquiler.

España enfrenta una denuncia ante la Comisión Europea por prácticas fiscales discriminatorias que afectan a propietarios extranjeros de viviendas en alquiler.

Los denunciantes, abogados como Alejandro del Campo y José Blasi, alega que estos propietarios, en particular aquellos de países no comunitarios, están sujetos a impuestos más altos ya que no pueden acceder a deducciones fiscales disponibles para residentes españoles o de la UE, evidenciando un trato desigual que contraviene las normativas europeas.

España enfrenta una denuncia ante la Comisión Europea por prácticas fiscales discriminatorias que afectan a propietarios extranjeros de viviendas en alquiler.

Los denunciantes, abogados como Alejandro del Campo y José Blasi, alega que estos propietarios, en particular aquellos de países no comunitarios, están sujetos a impuestos más altos ya que no pueden acceder a deducciones fiscales disponibles para residentes españoles o de la UE, evidenciando un trato desigual que contraviene las normativas europeas.

La controversia ha surgido tras la implementación de la Ley de Vivienda de 2023 y otros cambios legislativos recientes que exacerban las desigualdades fiscales. El caso ha sido llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) donde se anticipa que una decisión podría obligar a España a ajustar su legislación para cumplir con las regulaciones de la UE y evitar sanciones.

España enfrenta una denuncia ante la Comisión Europea por prácticas fiscales discriminatorias que afectan a propietarios extranjeros de viviendas en alquiler.

Los denunciantes, abogados como Alejandro del Campo y José Blasi, alega que estos propietarios, en particular aquellos de países no comunitarios, están sujetos a impuestos más altos ya que no pueden acceder a deducciones fiscales disponibles para residentes españoles o de la UE, evidenciando un trato desigual que contraviene las normativas europeas.

La controversia ha surgido tras la implementación de la Ley de Vivienda de 2023 y otros cambios legislativos recientes que exacerban las desigualdades fiscales. El caso ha sido llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) donde se anticipa que una decisión podría obligar a España a ajustar su legislación para cumplir con las regulaciones de la UE y evitar sanciones.

En este contexto, algunos expertos están recomendando a los propietarios extranjeros que tomen medidas legales para reclamar las deducciones fiscales que consideran que se les han denegado, antes de que su derecho a hacerlo caduque.