news made with AI

España ha casi anulado las reclamaciones de los inversores extranjeros por los recortes a las energías renovables de 2013, gracias a un dictamen de la Comisión Europea.

España ha casi anulado las reclamaciones de los inversores extranjeros por los recortes a las energías renovables de 2013, gracias a un dictamen de la Comisión Europea.

La Comisión Europea consideró que las medidas adoptadas por España en 2013 constituyeron “ayuda estatal ilegal”, lo que facilita la reducción de las compensaciones que el país debía pagar, evitando así litigar una suma que podría alcanzar hasta 1.291 millones de euros. De los 1.514 millones ya zanjados, solo se deben 167 millones en indemnizaciones.

España ha casi anulado las reclamaciones de los inversores extranjeros por los recortes a las energías renovables de 2013, gracias a un dictamen de la Comisión Europea.

La Comisión Europea consideró que las medidas adoptadas por España en 2013 constituyeron “ayuda estatal ilegal”, lo que facilita la reducción de las compensaciones que el país debía pagar, evitando así litigar una suma que podría alcanzar hasta 1.291 millones de euros. De los 1.514 millones ya zanjados, solo se deben 167 millones en indemnizaciones.

A pesar de la mejora en su situación, algunas empresas no pertenecientes a la UE, como NextEra, han obtenido decisiones favorables y han reclamado daños. Actualmente, España enfrenta un total de 51 arbitrajes, habiendo logrado ganar la mayoría de ellos, lo que le permite evitar el pago de 7.830 millones de euros.

España ha casi anulado las reclamaciones de los inversores extranjeros por los recortes a las energías renovables de 2013, gracias a un dictamen de la Comisión Europea.

La Comisión Europea consideró que las medidas adoptadas por España en 2013 constituyeron “ayuda estatal ilegal”, lo que facilita la reducción de las compensaciones que el país debía pagar, evitando así litigar una suma que podría alcanzar hasta 1.291 millones de euros. De los 1.514 millones ya zanjados, solo se deben 167 millones en indemnizaciones.

A pesar de la mejora en su situación, algunas empresas no pertenecientes a la UE, como NextEra, han obtenido decisiones favorables y han reclamado daños. Actualmente, España enfrenta un total de 51 arbitrajes, habiendo logrado ganar la mayoría de ellos, lo que le permite evitar el pago de 7.830 millones de euros.

Esta gestión ha atraído críticas hacia figuras clave, como Teresa Ribera, quien fue ministra de Medio Ambiente y ahora es vicepresidenta de la Comisión Europea, con acusaciones de posibles conflictos de interés en su rol relacionado con estas compensaciones.