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Gastos pagados, límite de horas y multas para empresas: las claves del nuevo estatuto del becario que prepara el Gobierno
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
Esta normativa aplica a unos 1,6 millones de practicantes y establece derechos y responsabilidades tanto para los becarios como para las empresas. Prohíbe a los estudiantes realizar tareas de empleados contratados y regula las prácticas asociadas a diversos niveles educativos, incluyendo Formación Profesional, enseñanza artística y universitaria.
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
Esta normativa aplica a unos 1,6 millones de practicantes y establece derechos y responsabilidades tanto para los becarios como para las empresas. Prohíbe a los estudiantes realizar tareas de empleados contratados y regula las prácticas asociadas a diversos niveles educativos, incluyendo Formación Profesional, enseñanza artística y universitaria.
Las prácticas curriculares tienen un límite del 25% de los créditos académicos mientras que las extracurriculares no pueden exceder el 15%. Además, las empresas tendrán que cubrir costos adicionales como transporte y alojamiento si no hay otras ayudas disponibles, y se prohíben prácticas nocturnas, asegurando que los horarios sean compatibles con los estudios.
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
Esta normativa aplica a unos 1,6 millones de practicantes y establece derechos y responsabilidades tanto para los becarios como para las empresas. Prohíbe a los estudiantes realizar tareas de empleados contratados y regula las prácticas asociadas a diversos niveles educativos, incluyendo Formación Profesional, enseñanza artística y universitaria.
Las prácticas curriculares tienen un límite del 25% de los créditos académicos mientras que las extracurriculares no pueden exceder el 15%. Además, las empresas tendrán que cubrir costos adicionales como transporte y alojamiento si no hay otras ayudas disponibles, y se prohíben prácticas nocturnas, asegurando que los horarios sean compatibles con los estudios.
La normativa también aborda el problema de los “falsos becarios”, que representan aproximadamente el 40% de los estudiantes en prácticas, ya que prohíbe que los becarios sustituyan a trabajadores. También se limita la supervisión a cinco estudiantes por tutor y se establecen multas significativas para las empresas que incumplan las normas.
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
Esta normativa aplica a unos 1,6 millones de practicantes y establece derechos y responsabilidades tanto para los becarios como para las empresas. Prohíbe a los estudiantes realizar tareas de empleados contratados y regula las prácticas asociadas a diversos niveles educativos, incluyendo Formación Profesional, enseñanza artística y universitaria.
Las prácticas curriculares tienen un límite del 25% de los créditos académicos mientras que las extracurriculares no pueden exceder el 15%. Además, las empresas tendrán que cubrir costos adicionales como transporte y alojamiento si no hay otras ayudas disponibles, y se prohíben prácticas nocturnas, asegurando que los horarios sean compatibles con los estudios.
La normativa también aborda el problema de los “falsos becarios”, que representan aproximadamente el 40% de los estudiantes en prácticas, ya que prohíbe que los becarios sustituyan a trabajadores. También se limita la supervisión a cinco estudiantes por tutor y se establecen multas significativas para las empresas que incumplan las normas.
A pesar del respaldo de sindicatos como CCOO y UGT, la ley enfrenta críticas de la patronal y preocupaciones de los rectores de universidades respecto a la viabilidad económica, evidenciando la necesidad de equilibrar la regulación con la continuidad de las prácticas en el sector público.
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