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El Gobierno español ha comenzado a tramitar la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, gracias a un acuerdo con los sindicatos que busca su implementación sin recortes salariales a partir de 2026.

El Gobierno español ha comenzado a tramitar la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, gracias a un acuerdo con los sindicatos que busca su implementación sin recortes salariales a partir de 2026.

La propuesta se enfrenta a la oposición de la CEOE, que advierte sobre los altos costos que la medida implicaría para las empresas, además de carecer de suficiente apoyo parlamentario, ya que la posición de formaciones clave como PNV y Junts aún no está definida.

El Gobierno español ha comenzado a tramitar la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, gracias a un acuerdo con los sindicatos que busca su implementación sin recortes salariales a partir de 2026.

La propuesta se enfrenta a la oposición de la CEOE, que advierte sobre los altos costos que la medida implicaría para las empresas, además de carecer de suficiente apoyo parlamentario, ya que la posición de formaciones clave como PNV y Junts aún no está definida.

El ejecutivo español está considerando realizar modificaciones en el texto legal propuesto para tratar de ganar apoyo y minimizar el impacto que la reducción de la jornada podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Gobierno español ha comenzado a tramitar la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, gracias a un acuerdo con los sindicatos que busca su implementación sin recortes salariales a partir de 2026.

La propuesta se enfrenta a la oposición de la CEOE, que advierte sobre los altos costos que la medida implicaría para las empresas, además de carecer de suficiente apoyo parlamentario, ya que la posición de formaciones clave como PNV y Junts aún no está definida.

El ejecutivo español está considerando realizar modificaciones en el texto legal propuesto para tratar de ganar apoyo y minimizar el impacto que la reducción de la jornada podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Desde la patronal se han expresado preocupaciones sobre el impacto de la nueva medida en la productividad y los costos laborales, lo que ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de la propuesta.

El Gobierno español ha comenzado a tramitar la reducción de la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales, gracias a un acuerdo con los sindicatos que busca su implementación sin recortes salariales a partir de 2026.

La propuesta se enfrenta a la oposición de la CEOE, que advierte sobre los altos costos que la medida implicaría para las empresas, además de carecer de suficiente apoyo parlamentario, ya que la posición de formaciones clave como PNV y Junts aún no está definida.

El ejecutivo español está considerando realizar modificaciones en el texto legal propuesto para tratar de ganar apoyo y minimizar el impacto que la reducción de la jornada podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Desde la patronal se han expresado preocupaciones sobre el impacto de la nueva medida en la productividad y los costos laborales, lo que ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de la propuesta.

Por otro lado, los sindicatos defienden que la reducción de la jornada es fundamental para avanzar en la justicia social y la mejora del empleo, argumentando que esto beneficiará a los trabajadores en el largo plazo.