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La Administración Tributaria está acelerando la resolución de rectificaciones relacionadas con el impuesto de Patrimonio, actualmente cuestionado ante el Tribunal Constitucional desde 2021.

La Administración Tributaria está acelerando la resolución de rectificaciones relacionadas con el impuesto de Patrimonio, actualmente cuestionado ante el Tribunal Constitucional desde 2021.

Esta medida busca evitar que se realicen devoluciones en el caso de que el Tribunal Constitucional anule el tributo, lo que ha llevado a una notable rapidez en las respuestas, en ocasiones en tan solo quince días. Esta velocidad en la gestión se observa tanto en la administración estatal como en la catalana, donde se están tramitando las solicitudes de manera más eficiente.

La Administración Tributaria está acelerando la resolución de rectificaciones relacionadas con el impuesto de Patrimonio, actualmente cuestionado ante el Tribunal Constitucional desde 2021.

Esta medida busca evitar que se realicen devoluciones en el caso de que el Tribunal Constitucional anule el tributo, lo que ha llevado a una notable rapidez en las respuestas, en ocasiones en tan solo quince días. Esta velocidad en la gestión se observa tanto en la administración estatal como en la catalana, donde se están tramitando las solicitudes de manera más eficiente.

A pesar de la eficacia que ofrecen estos procesos acelerados, también traen consigo incertidumbre jurídica y costos adicionales tanto para los contribuyentes como para la Administración. Además, se plantea que si el Tribunal Constitucional falla en contra del impuesto, solo aquellos que tengan impugnaciones activas podrían beneficiarse de la decisión.

La Administración Tributaria está acelerando la resolución de rectificaciones relacionadas con el impuesto de Patrimonio, actualmente cuestionado ante el Tribunal Constitucional desde 2021.

Esta medida busca evitar que se realicen devoluciones en el caso de que el Tribunal Constitucional anule el tributo, lo que ha llevado a una notable rapidez en las respuestas, en ocasiones en tan solo quince días. Esta velocidad en la gestión se observa tanto en la administración estatal como en la catalana, donde se están tramitando las solicitudes de manera más eficiente.

A pesar de la eficacia que ofrecen estos procesos acelerados, también traen consigo incertidumbre jurídica y costos adicionales tanto para los contribuyentes como para la Administración. Además, se plantea que si el Tribunal Constitucional falla en contra del impuesto, solo aquellos que tengan impugnaciones activas podrían beneficiarse de la decisión.

Finalmente, se espera que una posible resolución del Tribunal Constitucional se dé en el año 2026, lo que añade un contexto de expectativa sobre la situación del impuesto de Patrimonio y su futuro.