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Un tribunal salvadoreño ha condenado a tres antiguos altos mandos militares y al Estado por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, considerándolo un crimen de lesa humanidad.

Un tribunal salvadoreño ha condenado a tres antiguos altos mandos militares y al Estado por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, considerándolo un crimen de lesa humanidad.

Los condenados, José Guillermo García, Francisco Morán y Mario Adalberto Reyes Mena, han sido sentenciados a 15 años de prisión; sin embargo, Reyes Mena se encuentra prófugo en Estados Unidos. Este fallo marca un hito significativo en la lucha por justicia en El Salvador, donde los crímenes de guerra a menudo han permanecido sin castigo.

Un tribunal salvadoreño ha condenado a tres antiguos altos mandos militares y al Estado por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, considerándolo un crimen de lesa humanidad.

Los condenados, José Guillermo García, Francisco Morán y Mario Adalberto Reyes Mena, han sido sentenciados a 15 años de prisión; sin embargo, Reyes Mena se encuentra prófugo en Estados Unidos. Este fallo marca un hito significativo en la lucha por justicia en El Salvador, donde los crímenes de guerra a menudo han permanecido sin castigo.

Las familias de las víctimas han estado buscando justicia durante más de tres décadas y ven este veredicto como un paso vital hacia la reconciliación y el fin de la impunidad. El tribunal ha desafiado la resistencia del gobierno a liberar archivos militares que podrían arrojar luz sobre otros crímenes relacionados y la responsabilidad de aquellos en el poder.

Un tribunal salvadoreño ha condenado a tres antiguos altos mandos militares y al Estado por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, considerándolo un crimen de lesa humanidad.

Los condenados, José Guillermo García, Francisco Morán y Mario Adalberto Reyes Mena, han sido sentenciados a 15 años de prisión; sin embargo, Reyes Mena se encuentra prófugo en Estados Unidos. Este fallo marca un hito significativo en la lucha por justicia en El Salvador, donde los crímenes de guerra a menudo han permanecido sin castigo.

Las familias de las víctimas han estado buscando justicia durante más de tres décadas y ven este veredicto como un paso vital hacia la reconciliación y el fin de la impunidad. El tribunal ha desafiado la resistencia del gobierno a liberar archivos militares que podrían arrojar luz sobre otros crímenes relacionados y la responsabilidad de aquellos en el poder.

Este caso resalta la importancia del proceso judicial en el reconocimiento y la reparación de los derechos humanos en el país, así como el impacto que ha tenido en la sociedad salvadoreña, donde la memoria histórica y la verdad son luchas constantes. La condena también podría sentar un precedente para otros casos de violaciones de derechos humanos en la región.