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Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU confirma la participación del Ejército de Nicaragua en la represión violenta de protestas desde abril de 2018, actuando bajo instrucciones del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo.

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU confirma la participación del Ejército de Nicaragua en la represión violenta de protestas desde abril de 2018, actuando bajo instrucciones del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo.

A pesar de la negativa del Ejército sobre su implicación, el informe documenta el uso de fuerza excesiva y tácticas letales para controlar a los manifestantes. Esto revela una grave violación de los derechos humanos y pone en tela de juicio la integridad de las fuerzas armadas del país.

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU confirma la participación del Ejército de Nicaragua en la represión violenta de protestas desde abril de 2018, actuando bajo instrucciones del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo.

A pesar de la negativa del Ejército sobre su implicación, el informe documenta el uso de fuerza excesiva y tácticas letales para controlar a los manifestantes. Esto revela una grave violación de los derechos humanos y pone en tela de juicio la integridad de las fuerzas armadas del país.

El documento destaca un sistema de control estatal en Nicaragua que coordina las acciones de militares y policías en actos de represión, lo que representa un desafío significativo para las libertades civiles y los derechos humanos en la nación.

Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU confirma la participación del Ejército de Nicaragua en la represión violenta de protestas desde abril de 2018, actuando bajo instrucciones del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo.

A pesar de la negativa del Ejército sobre su implicación, el informe documenta el uso de fuerza excesiva y tácticas letales para controlar a los manifestantes. Esto revela una grave violación de los derechos humanos y pone en tela de juicio la integridad de las fuerzas armadas del país.

El documento destaca un sistema de control estatal en Nicaragua que coordina las acciones de militares y policías en actos de represión, lo que representa un desafío significativo para las libertades civiles y los derechos humanos en la nación.

Este informe se considera fundamental para entender la crisis de derechos humanos en Nicaragua y puede influir en futuras acciones y políticas internacionales relacionadas con el país.