Inversiones en redes eléctricas en España enfrentan desafíos regulatorios y financieros

El Gobierno español y el sector eléctrico están en una situación tensa debido a la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la Tasa de Retribución Financiera (TRF).

La CNMC ha sugerido establecer una tasa del 6,46%, mientras que las eléctricas reclaman una tasa de entre 7% y 7,5% para poder cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El Gobierno, por su parte, planea aumentar la inversión en infraestructura eléctrica, elevándola a 34.000 millones de euros. Sin embargo, compañías como Iberdrola y Endesa advierten que esto podría frenar las inversiones si el marco regulatorio no se mejora.

Según un informe de EY, se estima que se necesitan inversiones anuales de entre 3.969 y 5.277 millones de euros para hacer frente a la creciente demanda eléctrica hasta el año 2035, impulsada por el desarrollo de sectores como el hidrógeno y la electrificación de carreteras. Compañías como ABB también han señalado la necesidad de fortalecer la infraestructura energética, enfocándose en energías renovables y en mantener la estabilidad de la red eléctrica.

La competitividad del marco regulatorio en España es esencial para atraer inversiones. Se destaca que, sin un entorno estable y atractivo, el país podría perder oportunidades frente a otros países europeos que ofrecen mejores condiciones, lo que podría obstaculizar su avance hacia un modelo energético más sostenible y su desarrollo económico general.

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