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La Fiscalía Anticorrupción investiga contratos millonarios en la Diputación de Alicante, bajo la gestión de Carlos Mazón y su sucesor Toni Pérez.

La Fiscalía Anticorrupción investiga contratos millonarios en la Diputación de Alicante, bajo la gestión de Carlos Mazón y su sucesor Toni Pérez.

Estos contratos han sido objeto de denuncias por parte de la coalición Compromís, quienes sospechan de posibles delitos como fraude, falsedad documental y malversación de fondos públicos. La investigación se centra en la naturaleza de las adjudicaciones y las circunstancias que rodean a las empresas involucradas.

La Fiscalía Anticorrupción investiga contratos millonarios en la Diputación de Alicante, bajo la gestión de Carlos Mazón y su sucesor Toni Pérez.

Estos contratos han sido objeto de denuncias por parte de la coalición Compromís, quienes sospechan de posibles delitos como fraude, falsedad documental y malversación de fondos públicos. La investigación se centra en la naturaleza de las adjudicaciones y las circunstancias que rodean a las empresas involucradas.

Se ha señalado que algunas de las empresas beneficiadas podrían tener vínculos cercanos con el presidente de la Generalitat Valenciana, lo que plantea serias preguntas sobre la transparencia en el proceso de adjudicación. Además, se cuestiona si hubo un favoritismo hacia medios de comunicación que apoyan al Partido Popular, sugiriendo una red de influencia que podría haber afectado las decisiones administrativas en la Diputación.

La Fiscalía Anticorrupción investiga contratos millonarios en la Diputación de Alicante, bajo la gestión de Carlos Mazón y su sucesor Toni Pérez.

Estos contratos han sido objeto de denuncias por parte de la coalición Compromís, quienes sospechan de posibles delitos como fraude, falsedad documental y malversación de fondos públicos. La investigación se centra en la naturaleza de las adjudicaciones y las circunstancias que rodean a las empresas involucradas.

Se ha señalado que algunas de las empresas beneficiadas podrían tener vínculos cercanos con el presidente de la Generalitat Valenciana, lo que plantea serias preguntas sobre la transparencia en el proceso de adjudicación. Además, se cuestiona si hubo un favoritismo hacia medios de comunicación que apoyan al Partido Popular, sugiriendo una red de influencia que podría haber afectado las decisiones administrativas en la Diputación.

La situación ha generado un mayor escrutinio público sobre la gestión de los recursos públicos y la ética en la contratación pública, lo que podría llevar a cambios en las políticas de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas.