La Policía Nacional de Nicaragua ha subordinado la autoridad judicial al ejecutivo, requiriendo su autorización para realizar órdenes de incautación y captura, evidenciando un control autoritario.
La Policía Nacional de Nicaragua ha subordinado la autoridad judicial al ejecutivo, requiriendo su autorización para realizar órdenes de incautación y captura, evidenciando un control autoritario.
Esta directiva afecta gravemente la independencia de los jueces, fortaleciendo así el poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo sobre el sistema legal del país. La medida ha sido criticada por abogados en el exilio, quienes la catalogan como un acto de justicia selectiva que amenaza el estado de derecho.
La Policía Nacional de Nicaragua ha subordinado la autoridad judicial al ejecutivo, requiriendo su autorización para realizar órdenes de incautación y captura, evidenciando un control autoritario.
Esta directiva afecta gravemente la independencia de los jueces, fortaleciendo así el poder del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo sobre el sistema legal del país. La medida ha sido criticada por abogados en el exilio, quienes la catalogan como un acto de justicia selectiva que amenaza el estado de derecho.
Además, se ha implementado una ley de carrera judicial que mina el principio de meritocracia, ajustando la estructura judicial a las necesidades del régimen. Esto, según los críticos, consolidaría aún más el control político del gobierno sobre las instituciones judiciales nicaragüenses.
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