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La jueza niega a la pareja de Ayuso privilegios en caso de fraude fiscal
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no logró que su declaración judicial sobre un presunto fraude fiscal fuera secreta.
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no logró que su declaración judicial sobre un presunto fraude fiscal fuera secreta.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid desestimó la solicitud de su defensa, argumentando que el caso no es confidencial y que la legislación permite el acceso a los testimonios por las partes implicadas en el proceso.
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no logró que su declaración judicial sobre un presunto fraude fiscal fuera secreta.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid desestimó la solicitud de su defensa, argumentando que el caso no es confidencial y que la legislación permite el acceso a los testimonios por las partes implicadas en el proceso.
González Amador está bajo investigación por un caso de posible evasión fiscal mediante el uso de facturas falsas, lo que ha atraído una considerable atención mediática y controversia política en España.
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no logró que su declaración judicial sobre un presunto fraude fiscal fuera secreta.
La jueza del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid desestimó la solicitud de su defensa, argumentando que el caso no es confidencial y que la legislación permite el acceso a los testimonios por las partes implicadas en el proceso.
González Amador está bajo investigación por un caso de posible evasión fiscal mediante el uso de facturas falsas, lo que ha atraído una considerable atención mediática y controversia política en España.
Además, González Amador había solicitado que los partidos de oposición no pudieran participar como parte acusadora en el caso, pero la jueza también rechazó esta petición, defendiendo el interés público en el acceso a la información del caso.
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