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Argentina enfrenta serios problemas legales en Estados Unidos relacionada a la expropiación de YPF en 2012, con un fallo reciente que ordena al gobierno negociar o enfrentarse a la entrega de acciones.

Argentina enfrenta serios problemas legales en Estados Unidos relacionada a la expropiación de YPF en 2012, con un fallo reciente que ordena al gobierno negociar o enfrentarse a la entrega de acciones.

La juez Loretta Preska ha dictado que el gobierno de Javier Milei debe llegar a un acuerdo con los demandantes en un plazo de tres días, tras rechazar una apelación del país. El fallo indica que la nacionalización de YPF fue inequitativa para los accionistas, lo que pone a Argentina en una situación de desacato si no se cumplen las órdenes judiciales.

Argentina enfrenta serios problemas legales en Estados Unidos relacionada a la expropiación de YPF en 2012, con un fallo reciente que ordena al gobierno negociar o enfrentarse a la entrega de acciones.

La juez Loretta Preska ha dictado que el gobierno de Javier Milei debe llegar a un acuerdo con los demandantes en un plazo de tres días, tras rechazar una apelación del país. El fallo indica que la nacionalización de YPF fue inequitativa para los accionistas, lo que pone a Argentina en una situación de desacato si no se cumplen las órdenes judiciales.

El contexto se complica con la intervención de Burford Capital, quien ha adquirido acciones de YPF y lidera una demanda argumentando que la expropiación afectó a otros inversores. De perder esta batalla legal, Argentina podría enfrentar severas sanciones económicas, lo que agrava el reto para el gobierno que ya lidia con recursos limitados y una situación financiera crítica.

Argentina enfrenta serios problemas legales en Estados Unidos relacionada a la expropiación de YPF en 2012, con un fallo reciente que ordena al gobierno negociar o enfrentarse a la entrega de acciones.

La juez Loretta Preska ha dictado que el gobierno de Javier Milei debe llegar a un acuerdo con los demandantes en un plazo de tres días, tras rechazar una apelación del país. El fallo indica que la nacionalización de YPF fue inequitativa para los accionistas, lo que pone a Argentina en una situación de desacato si no se cumplen las órdenes judiciales.

El contexto se complica con la intervención de Burford Capital, quien ha adquirido acciones de YPF y lidera una demanda argumentando que la expropiación afectó a otros inversores. De perder esta batalla legal, Argentina podría enfrentar severas sanciones económicas, lo que agrava el reto para el gobierno que ya lidia con recursos limitados y una situación financiera crítica.

Axel Kicillof, quien fue Ministro de Economía durante la expropiación, critica la intervención de un juez estadounidense en asuntos de privatización. Por su parte, el presidente Milei busca la aprobación del Congreso para avanzar en una apelación ante la Corte Suprema, mientras la presión pública y las acusaciones sobre sus vínculos con Burford aumentan, lo que podría empeorar aún más la economía del país si no se alcanza una solución favorable.