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La polémica “Ley Mordaza” continúa vigente a pesar de las promesas de derogación, con multas que superan los 1.000 millones de euros desde su entrada en vigor en 2015.

La polémica “Ley Mordaza” continúa vigente a pesar de las promesas de derogación, con multas que superan los 1.000 millones de euros desde su entrada en vigor en 2015.

A pesar de los intentos del PSOE por reformar ciertos aspectos de la ley, esta se mantiene casi intacta, y las críticas se centran en su impacto sobre las libertades civiles y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La polémica “Ley Mordaza” continúa vigente a pesar de las promesas de derogación, con multas que superan los 1.000 millones de euros desde su entrada en vigor en 2015.

A pesar de los intentos del PSOE por reformar ciertos aspectos de la ley, esta se mantiene casi intacta, y las críticas se centran en su impacto sobre las libertades civiles y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Durante la gestión de la pandemia de COVID-19, el uso y la aprobación de la ley han llevado a un notable aumento en la imposición de multas, lo que ha intensificado el debate sobre su naturaleza restrictiva.

La polémica “Ley Mordaza” continúa vigente a pesar de las promesas de derogación, con multas que superan los 1.000 millones de euros desde su entrada en vigor en 2015.

A pesar de los intentos del PSOE por reformar ciertos aspectos de la ley, esta se mantiene casi intacta, y las críticas se centran en su impacto sobre las libertades civiles y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Durante la gestión de la pandemia de COVID-19, el uso y la aprobación de la ley han llevado a un notable aumento en la imposición de multas, lo que ha intensificado el debate sobre su naturaleza restrictiva.

Analistas políticos advierten que, dada la situación actual y un posible cambio de mayoría gubernamental, este podría ser el último intento para una reforma significativa de la ley antes de que se produzcan cambios en el liderazgo.