La pareja de Alberto González Amador ha iniciado acciones legales contra políticos y periodistas tras su reconocimiento en un fraude fiscal de 350.000 euros.
La pareja de Alberto González Amador ha iniciado acciones legales contra políticos y periodistas tras su reconocimiento en un fraude fiscal de 350.000 euros.
González, cuya defensa argumenta que la calificación como “defraudador confeso” es inapropiada, sostiene que su aceptación del fraude no se formalizó ni se firmó, lo que provoca un debate sobre la legalidad de la acusación.
La pareja de Alberto González Amador ha iniciado acciones legales contra políticos y periodistas tras su reconocimiento en un fraude fiscal de 350.000 euros.
González, cuya defensa argumenta que la calificación como “defraudador confeso” es inapropiada, sostiene que su aceptación del fraude no se formalizó ni se firmó, lo que provoca un debate sobre la legalidad de la acusación.
El centro de la controversia radica en si González puede ser considerado una figura de relevancia pública y si los delitos aceptados de manera informal afectan su derecho al honor. Su pareja ha demandado a figuras políticas como el presidente Pedro Sánchez, con la única intención de limpiar el nombre de González, alegando que su objetivo principal era evitar la prisión.
Leave a Reply