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La UE presiona a España para modificar la legislación que impide indemnizaciones por responsabilidad del Estado
La Comisión Europea ha alertado a España sobre los problemas de su legislación en cuanto a indemnizaciones por responsabilidad patrimonial estatal, una situación que persiste desde 2019.
La Comisión Europea ha alertado a España sobre los problemas de su legislación en cuanto a indemnizaciones por responsabilidad patrimonial estatal, una situación que persiste desde 2019.
A pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ordena modificaciones en la normativa española, el país aún no ha implementado los cambios requeridos. El TJUE señala que las actuales barreras legislativas impiden a los ciudadanos recibir compensaciones cuando se vulnera el derecho comunitario, lo que limita su acceso a justicia.
La Comisión Europea ha alertado a España sobre los problemas de su legislación en cuanto a indemnizaciones por responsabilidad patrimonial estatal, una situación que persiste desde 2019.
A pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ordena modificaciones en la normativa española, el país aún no ha implementado los cambios requeridos. El TJUE señala que las actuales barreras legislativas impiden a los ciudadanos recibir compensaciones cuando se vulnera el derecho comunitario, lo que limita su acceso a justicia.
El proyecto de ley propuesto incluye elementos cuestionables para el Consejo General del Poder Judicial, como la complicación del proceso relámpago al requerir que se inicien acciones legales para poder reclamar indemnizaciones, lo cual podría desincentivar a muchos ciudadanos a reclamar.
La Comisión Europea ha alertado a España sobre los problemas de su legislación en cuanto a indemnizaciones por responsabilidad patrimonial estatal, una situación que persiste desde 2019.
A pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ordena modificaciones en la normativa española, el país aún no ha implementado los cambios requeridos. El TJUE señala que las actuales barreras legislativas impiden a los ciudadanos recibir compensaciones cuando se vulnera el derecho comunitario, lo que limita su acceso a justicia.
El proyecto de ley propuesto incluye elementos cuestionables para el Consejo General del Poder Judicial, como la complicación del proceso relámpago al requerir que se inicien acciones legales para poder reclamar indemnizaciones, lo cual podría desincentivar a muchos ciudadanos a reclamar.
Adicionalmente, la ley limitaría a cinco años el tiempo disponible para reclamar daños indemnizables y requeriría que las quejas sean presentadas antes de una sentencia del TJUE, lo que añade más obstáculos al proceso. Actualmente, el anteproyecto está siendo revisado debido a la presión de la Comisión Europea y el TJUE, y si no se realizan avances pronto, España podría enfrentarse a un conflicto legal en el Tribunal.
La Comisión Europea ha alertado a España sobre los problemas de su legislación en cuanto a indemnizaciones por responsabilidad patrimonial estatal, una situación que persiste desde 2019.
A pesar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ordena modificaciones en la normativa española, el país aún no ha implementado los cambios requeridos. El TJUE señala que las actuales barreras legislativas impiden a los ciudadanos recibir compensaciones cuando se vulnera el derecho comunitario, lo que limita su acceso a justicia.
El proyecto de ley propuesto incluye elementos cuestionables para el Consejo General del Poder Judicial, como la complicación del proceso relámpago al requerir que se inicien acciones legales para poder reclamar indemnizaciones, lo cual podría desincentivar a muchos ciudadanos a reclamar.
Adicionalmente, la ley limitaría a cinco años el tiempo disponible para reclamar daños indemnizables y requeriría que las quejas sean presentadas antes de una sentencia del TJUE, lo que añade más obstáculos al proceso. Actualmente, el anteproyecto está siendo revisado debido a la presión de la Comisión Europea y el TJUE, y si no se realizan avances pronto, España podría enfrentarse a un conflicto legal en el Tribunal.
La situación pone de manifiesto la necesidad urgente de reformas en la legislación española para alinearse con las exigencias europeas, garantizando así los derechos de los ciudadanos y la correcta aplicación del derecho comunitario.
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