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Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, testificó ante el Tribunal Supremo sobre un correo relacionado con un examen fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, testificó ante el Tribunal Supremo sobre un correo relacionado con un examen fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Lobato expresó su inquietud respecto a la procedencia de un correo enviado por una asesora de Pedro Sánchez, el cual contenía comunicaciones entre el abogado Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. A raíz de esto, decidió no compartir dicho correo, poniendo de manifiesto su preocupación por la legalidad de la información.

Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, testificó ante el Tribunal Supremo sobre un correo relacionado con un examen fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Lobato expresó su inquietud respecto a la procedencia de un correo enviado por una asesora de Pedro Sánchez, el cual contenía comunicaciones entre el abogado Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. A raíz de esto, decidió no compartir dicho correo, poniendo de manifiesto su preocupación por la legalidad de la información.

Además, tres periodistas que tuvieron acceso a estos correos han invocado el secreto profesional durante el juicio que se lleva a cabo contra el fiscal Álvaro García Ortiz, quien es investigado por posibles filtraciones. Esta situación ha puesto en evidencia el delicado equilibrio entre el derecho a la información y la confidencialidad en temas judiciales.

Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, testificó ante el Tribunal Supremo sobre un correo relacionado con un examen fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Lobato expresó su inquietud respecto a la procedencia de un correo enviado por una asesora de Pedro Sánchez, el cual contenía comunicaciones entre el abogado Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. A raíz de esto, decidió no compartir dicho correo, poniendo de manifiesto su preocupación por la legalidad de la información.

Además, tres periodistas que tuvieron acceso a estos correos han invocado el secreto profesional durante el juicio que se lleva a cabo contra el fiscal Álvaro García Ortiz, quien es investigado por posibles filtraciones. Esta situación ha puesto en evidencia el delicado equilibrio entre el derecho a la información y la confidencialidad en temas judiciales.

Las comunicaciones en cuestión revelaban propuestas de delitos fiscales vinculados a la pareja de Ayuso, que enfrenta una significativa deuda con Hacienda de 600.000 euros. Este caso ha resonado en los medios por sus implicaciones legales y políticas, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre la gestión de los recursos fiscales.