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El Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa, ha adoptado medidas para regular el mercado de la vivienda que podrían ser llevadas al Tribunal Constitucional.

El Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa, ha adoptado medidas para regular el mercado de la vivienda que podrían ser llevadas al Tribunal Constitucional.

Entre las medidas implementadas se destaca la prolongación de un tope de alquiler y el aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Además, se introducen restricciones a las compras especulativas de viviendas, lo que podría reducir la oferta de alquiler y generar un incremento en la competencia por las propiedades disponibles.

El Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa, ha adoptado medidas para regular el mercado de la vivienda que podrían ser llevadas al Tribunal Constitucional.

Entre las medidas implementadas se destaca la prolongación de un tope de alquiler y el aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Además, se introducen restricciones a las compras especulativas de viviendas, lo que podría reducir la oferta de alquiler y generar un incremento en la competencia por las propiedades disponibles.

Montserrat Junyent, presidenta del COAPI de Barcelona, ha expresado su preocupación por estas políticas, sugiriendo que podrían llevar a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado. Esto podría resultar en una reducción de viviendas disponibles para alquilar, en un contexto donde la demanda es alta.

El Govern de la Generalitat, liderado por Salvador Illa, ha adoptado medidas para regular el mercado de la vivienda que podrían ser llevadas al Tribunal Constitucional.

Entre las medidas implementadas se destaca la prolongación de un tope de alquiler y el aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Además, se introducen restricciones a las compras especulativas de viviendas, lo que podría reducir la oferta de alquiler y generar un incremento en la competencia por las propiedades disponibles.

Montserrat Junyent, presidenta del COAPI de Barcelona, ha expresado su preocupación por estas políticas, sugiriendo que podrían llevar a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del mercado. Esto podría resultar en una reducción de viviendas disponibles para alquilar, en un contexto donde la demanda es alta.

La inconstitucionalidad de las medidas es un tema de debate, especialmente porque impactan a los compradores que no son catalanes. El Partido Popular (PP) ha manifestado su intención de impugnar estas decisiones, mientras que el Govern, apoyado por los Comuns, continúa con sus iniciativas para reformar la ley de urbanismo.