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A partir de 2026, las empresas y autónomos deberán implementar un Sistema Informático de Facturación (SIF) para evitar multas de hasta 50,000 euros.

A partir de 2026, las empresas y autónomos deberán implementar un Sistema Informático de Facturación (SIF) para evitar multas de hasta 50,000 euros.

El SIF certificado deberá permitir la emisión, generación y almacenamiento seguro de facturas, garantizando su autenticidad mediante firma electrónica y un código QR verificable por la Agencia Tributaria. Esta regulación será de aplicación para las empresas que no emitan facturas manualmente o que tengan su domicilio fiscal fuera de País Vasco y Navarra.

A partir de 2026, las empresas y autónomos deberán implementar un Sistema Informático de Facturación (SIF) para evitar multas de hasta 50,000 euros.

El SIF certificado deberá permitir la emisión, generación y almacenamiento seguro de facturas, garantizando su autenticidad mediante firma electrónica y un código QR verificable por la Agencia Tributaria. Esta regulación será de aplicación para las empresas que no emitan facturas manualmente o que tengan su domicilio fiscal fuera de País Vasco y Navarra.

Las empresas que se dediquen al alquiler de inmuebles estarán exentas de esta obligación, salvo algunas excepciones. El objetivo principal de esta medida es prevenir el fraude fiscal y fortalecer el control del IVA.

A partir de 2026, las empresas y autónomos deberán implementar un Sistema Informático de Facturación (SIF) para evitar multas de hasta 50,000 euros.

El SIF certificado deberá permitir la emisión, generación y almacenamiento seguro de facturas, garantizando su autenticidad mediante firma electrónica y un código QR verificable por la Agencia Tributaria. Esta regulación será de aplicación para las empresas que no emitan facturas manualmente o que tengan su domicilio fiscal fuera de País Vasco y Navarra.

Las empresas que se dediquen al alquiler de inmuebles estarán exentas de esta obligación, salvo algunas excepciones. El objetivo principal de esta medida es prevenir el fraude fiscal y fortalecer el control del IVA.

Es importante mencionar que esta normativa anticipa un cambio inminente en la obligación de facturación electrónica, que se implementará en 2027, aunque aún no está completamente alineada con la requerida en 2026.