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Ortega y Murillo aprueban ley que desnacionaliza a los nicaragüenses con doble nacionalidad
El gobierno de Nicaragua ha implementado una reforma que elimina la nacionalidad a quienes adopten otra.
El gobierno de Nicaragua ha implementado una reforma que elimina la nacionalidad a quienes adopten otra.
Esta medida, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha generado preocupación entre los ciudadanos, sobre todo entre aquellos que se encuentran en el exilio de manera forzada. La reforma es percibida como un intento de un control más estricto y potencialmente autoritario sobre la población.
El gobierno de Nicaragua ha implementado una reforma que elimina la nacionalidad a quienes adopten otra.
Esta medida, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha generado preocupación entre los ciudadanos, sobre todo entre aquellos que se encuentran en el exilio de manera forzada. La reforma es percibida como un intento de un control más estricto y potencialmente autoritario sobre la población.
Los expertos han expresado su alarma ante la arbitrariedad de esta reforma, señalando que puede tener repercusiones severas en la vida de quienes son despojados de su nacionalidad, incluso podrían enfrentarse a la confiscación de sus bienes. Por su parte, el gobierno defiende la medida argumentando que la nacionalidad debe ser vista como un pacto de lealtad, el cual se rompería al jurar fidelidad a un país extranjero.
El gobierno de Nicaragua ha implementado una reforma que elimina la nacionalidad a quienes adopten otra.
Esta medida, impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha generado preocupación entre los ciudadanos, sobre todo entre aquellos que se encuentran en el exilio de manera forzada. La reforma es percibida como un intento de un control más estricto y potencialmente autoritario sobre la población.
Los expertos han expresado su alarma ante la arbitrariedad de esta reforma, señalando que puede tener repercusiones severas en la vida de quienes son despojados de su nacionalidad, incluso podrían enfrentarse a la confiscación de sus bienes. Por su parte, el gobierno defiende la medida argumentando que la nacionalidad debe ser vista como un pacto de lealtad, el cual se rompería al jurar fidelidad a un país extranjero.
Este reciente cambio en la política migratoria refleja la tendencia del gobierno a fortalecer su control sobre la sociedad, lo que ha sido criticado a nivel internacional. En un contexto donde la represión y el descontento social han aumentado, la reforma plantea un nuevo desafío a los derechos de los ciudadanos nicaragüenses.
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