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Presos de Bukele enfrentan largos periodos de detención sin juicio
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha introducido reformas significativas a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten la detención prolongada de individuos sin juicio.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha introducido reformas significativas a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten la detención prolongada de individuos sin juicio.
Estas reformas autorizan que los detenidos puedan permanecer en prisión hasta por siete años sin ser llevados a juicio, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones de derechos humanos que consideran que afecta las garantías procesales de los ciudadanos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha introducido reformas significativas a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten la detención prolongada de individuos sin juicio.
Estas reformas autorizan que los detenidos puedan permanecer en prisión hasta por siete años sin ser llevados a juicio, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones de derechos humanos que consideran que afecta las garantías procesales de los ciudadanos.
La implementación de estas medidas ha sido apoyada por una purga judicial que ha reconfigurado el sistema judicial en línea con la visión del gobierno, resultando en la detención de casi 90.000 personas, muchas de las cuales son señaladas como presuntos miembros de pandillas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha introducido reformas significativas a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten la detención prolongada de individuos sin juicio.
Estas reformas autorizan que los detenidos puedan permanecer en prisión hasta por siete años sin ser llevados a juicio, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de diversas organizaciones de derechos humanos que consideran que afecta las garantías procesales de los ciudadanos.
La implementación de estas medidas ha sido apoyada por una purga judicial que ha reconfigurado el sistema judicial en línea con la visión del gobierno, resultando en la detención de casi 90.000 personas, muchas de las cuales son señaladas como presuntos miembros de pandillas.
A pesar de que han surgido denuncias sobre abusos en las condiciones de las prisiones, el gobierno de Bukele continúa defendiendo su estrategia de un régimen de excepción como un medio vital para combatir el crimen organizado en el país. Este enfoque ha polarizado las opiniones a nivel nacional e internacional, elevando las preocupaciones sobre derechos humanos en El Salvador.
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