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Prórroga de Verifactu a 2027 genera alivio y descontento entre empresarios y autónomos
El Gobierno español ha decidido aplazar la implementación del sistema de facturación Verifactu hasta 2027, generando un intenso debate entre empresarios y autónomos.
El Gobierno español ha decidido aplazar la implementación del sistema de facturación Verifactu hasta 2027, generando un intenso debate entre empresarios y autónomos.
Esta decisión se produce a un mes de su entrada en vigor para pequeñas y medianas empresas (pymes) y a seis meses para autónomos. Organizaciones empresariales como Cepyme y ATA han acogido el aplazamiento como un alivio ante nuevos requisitos tecnológicos, mientras que críticas de entidades como Upta y el CGE señalan que refleja una falta de previsibilidad gubernamental, aumentando la inseguridad jurídica.
El Gobierno español ha decidido aplazar la implementación del sistema de facturación Verifactu hasta 2027, generando un intenso debate entre empresarios y autónomos.
Esta decisión se produce a un mes de su entrada en vigor para pequeñas y medianas empresas (pymes) y a seis meses para autónomos. Organizaciones empresariales como Cepyme y ATA han acogido el aplazamiento como un alivio ante nuevos requisitos tecnológicos, mientras que críticas de entidades como Upta y el CGE señalan que refleja una falta de previsibilidad gubernamental, aumentando la inseguridad jurídica.
El sector empresarial demanda una mayor estabilidad normativa para evitar incurrir en costes derivados de cambios regulatorios repentinos. El sistema Verifactu, que se busca implementar para mejorar la transparencia fiscal, ha sido pospuesto varias veces desde su anuncio inicial en 2025, lo que ha alimentado la desconfianza entre los empresarios. Sin embargo, algunas organizaciones sugieren que este retraso podría ser visto como una oportunidad para impulsar la digitalización.
El Gobierno español ha decidido aplazar la implementación del sistema de facturación Verifactu hasta 2027, generando un intenso debate entre empresarios y autónomos.
Esta decisión se produce a un mes de su entrada en vigor para pequeñas y medianas empresas (pymes) y a seis meses para autónomos. Organizaciones empresariales como Cepyme y ATA han acogido el aplazamiento como un alivio ante nuevos requisitos tecnológicos, mientras que críticas de entidades como Upta y el CGE señalan que refleja una falta de previsibilidad gubernamental, aumentando la inseguridad jurídica.
El sector empresarial demanda una mayor estabilidad normativa para evitar incurrir en costes derivados de cambios regulatorios repentinos. El sistema Verifactu, que se busca implementar para mejorar la transparencia fiscal, ha sido pospuesto varias veces desde su anuncio inicial en 2025, lo que ha alimentado la desconfianza entre los empresarios. Sin embargo, algunas organizaciones sugieren que este retraso podría ser visto como una oportunidad para impulsar la digitalización.
La decisión de aplazar Verifactu responde a la necesidad de ajustar los sistemas informáticos que permitirán cumplir con normativas fiscales de manera efectiva, evitando que un ritmo de implementación acelerado comprometa las capacidades operativas de las pequeñas empresas y los emprendedores.
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