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Tensión en Nicaragua: Ortega crea una fuerza paramilitar.

Nicaragua enfrenta tensión social tras la creación de una fuerza paramilitar bajo Ortega y Murillo, con 1,700 ‘policías voluntarios’ que podrían intensificar la represión.

La creación de una fuerza paramilitar en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y Murillo ha causado gran preocupación. La oficialización de 1,700 ‘policías voluntarios’ es vista como un esfuerzo para legitimar grupos responsables de violaciones a derechos humanos. Organizaciones advierten sobre el aumento del control social y la represión a opositores.

En Nicaragua, la instauración de una milicia paramilitar bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha generado considerable controversia. La reciente oficialización de 1,700 ‘policías voluntarios’ en Estelí, que actúan encapuchados y uniformados, es interpretada como una legitimación de grupos que han llevado a cabo represiones violentas desde 2018, con un saldo de más de 350 muertes. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre el potencial represivo de esta nueva fuerza, que podría consolidar el poder de Ortega y Murillo y reprimir a la oposición. Esto intensifica el control social y el temor ante la creciente insatisfacción popular. Estas acciones reflejan el uso de reformas constitucionales por parte del gobierno para limitar el espacio político para los disidentes, generando reacciones críticas tanto a nivel nacional como internacional.

En Nicaragua, la creación de una fuerza paramilitar bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha generado controversia y tensión social. La oficialización de 1,700 “policías voluntarios” en Estelí, encapuchados y uniformados, es vista como una legitimación de los grupos paramilitares responsables de violentas represiones desde 2018 que dejaron más de 350 muertos.

Organizaciones de derechos humanos expresan preocupación ante el poder que esta nueva fuerza brinda a Ortega y Murillo para perpetuarse en el poder y reprimir a opositores. Este movimiento permite que los nuevos cuerpos armados actúen con impunidad, intensificando el control social y aumentando el temor ante el creciente descontento popular en el país.

Estas acciones reflejan cómo el gobierno de Ortega utiliza reformas constitucionales para consolidar su poder, limitando aún más el espacio para la oposición y activando respuestas críticas tanto dentro como fuera de Nicaragua.