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PSOE quiere regular la acusación popular en España.

El PSOE propone limitar la acusación popular en España a la fase de juicio, generando debate sobre su constitucionalidad y el equilibrio entre libertad de expresión y protección legal.

El PSOE ha presentado una ley que limita la acusación popular en España, permitiéndola solo en juicio y prohibiendo querellas basadas en recortes de prensa. La reforma busca prevenir la “persecución sistemática” de artistas por la ultraderecha y elimina el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Sin embargo, ha suscitado críticas por su posible inconstitucionalidad.

El PSOE ha propuesto una nueva ley en España que limita la acusación popular en los juicios, permitiéndola solo en la fase de juicio y prohibiendo las querellas basadas en recortes de prensa. Esta reforma busca frenar la presunta “persecución sistemática” de artistas y opositores por parte de la ultraderecha. Además, el texto elimina el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y restringe la capacidad de partidos e instituciones para ejercer dicha acusación. La propuesta ha generado debate intenso, con el Partido Popular y Sumar expresando preocupaciones sobre su posible inconstitucionalidad y su efecto en la independencia judicial. Al mismo tiempo, ha encontrado apoyo en varias organizaciones judiciales, subrayando la necesidad de equilibrar la libertad de expresión con la protección legal en el país.

El PSOE ha introducido una propuesta de ley para limitar la acusación popular en España, permitiéndola solo en la fase de juicio y prohibiendo querellas basadas en recortes de prensa. La reforma busca evitar la supuesta “persecución sistemática” de artistas y opositores por parte de sectores ultraderechistas. La ley elimina el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y restringe la capacidad de partidos e instituciones a ejercer acusación popular, lo que ha provocado críticas y debate intenso.

El Partido Popular y Sumar han expresado sus preocupaciones sobre la inconstitucionalidad de la medida y su impacto sobre la independencia judicial. Mientras, la propuesta ha generado apoyo y oposición en diversas organizaciones judiciales, resaltando la necesidad de un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección legal en España.