Rechazo del decreto social español deja a hogares vulnerables sin medidas de protección, crece la presión para una solución inmediata

El Gobierno español sufre un revés tras el rechazo de un decreto social que buscaba proteger a las familias vulnerables de desahucios y cortes de suministros esenciales.

La falta de acuerdo en el Congreso ha resultado en la suspensión automática de las ayudas previstas en el decreto, lo que ha generado descontento entre los socios parlamentarios del PSOE, quienes piden una solución urgente. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha subrayado la necesidad de proteger a las familias vulnerables, aunque Moncloa aún no ha confirmado si habrá un tercer intento para aprobar el decreto.

Mientras tanto, las ONG y organizaciones sociales están presionando para que se implemente una prohibición de cortes de servicios como luz, gas y agua de manera permanente. Los grupos parlamentarios están considerando medidas temporales de protección y negociando cambios legislativos que prevengan los desalojos y garanticen el acceso a suministros básicos.

El PSOE enfrenta frustraciones crecientes con el partido Junts, que ha sido señalado como un obstáculo por sus exigencias en cuanto a la protección de inquilinos y propietarios. Sin un acuerdo, las amenazas de desahucios y cortes de suministros permanecen latentes, impulsando a algunos grupos izquierdistas a proponer enmiendas para una protección más robusta.

La situación actual resalta la imperiosa necesidad de establecer medidas estructurales permanentes que salvaguarden a los hogares vulnerables en España, ante un panorama de incertidumbre sobre la seguridad habitacional.

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