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El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
Esta normativa aplica a unos 1,6 millones de practicantes y establece derechos y responsabilidades tanto para los becarios como para las empresas. Prohíbe a los estudiantes realizar tareas de empleados contratados y regula las prácticas asociadas a diversos niveles educativos, incluyendo Formación Profesional, enseñanza artística y universitaria.
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
Esta normativa aplica a unos 1,6 millones de practicantes y establece derechos y responsabilidades tanto para los becarios como para las empresas. Prohíbe a los estudiantes realizar tareas de empleados contratados y regula las prácticas asociadas a diversos niveles educativos, incluyendo Formación Profesional, enseñanza artística y universitaria.
Las prácticas curriculares tienen un límite del 25% de los créditos académicos mientras que las extracurriculares no pueden exceder el 15%. Además, las empresas tendrán que cubrir costos adicionales como transporte y alojamiento si no hay otras ayudas disponibles, y se prohíben prácticas nocturnas, asegurando que los horarios sean compatibles con los estudios.
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
Esta normativa aplica a unos 1,6 millones de practicantes y establece derechos y responsabilidades tanto para los becarios como para las empresas. Prohíbe a los estudiantes realizar tareas de empleados contratados y regula las prácticas asociadas a diversos niveles educativos, incluyendo Formación Profesional, enseñanza artística y universitaria.
Las prácticas curriculares tienen un límite del 25% de los créditos académicos mientras que las extracurriculares no pueden exceder el 15%. Además, las empresas tendrán que cubrir costos adicionales como transporte y alojamiento si no hay otras ayudas disponibles, y se prohíben prácticas nocturnas, asegurando que los horarios sean compatibles con los estudios.
La normativa también aborda el problema de los “falsos becarios”, que representan aproximadamente el 40% de los estudiantes en prácticas, ya que prohíbe que los becarios sustituyan a trabajadores. También se limita la supervisión a cinco estudiantes por tutor y se establecen multas significativas para las empresas que incumplan las normas.
El nuevo estatuto del becario se ha aprobado con el objetivo de regular las prácticas no laborales y combatir el fraude en la formación de jóvenes en España.
Esta normativa aplica a unos 1,6 millones de practicantes y establece derechos y responsabilidades tanto para los becarios como para las empresas. Prohíbe a los estudiantes realizar tareas de empleados contratados y regula las prácticas asociadas a diversos niveles educativos, incluyendo Formación Profesional, enseñanza artística y universitaria.
Las prácticas curriculares tienen un límite del 25% de los créditos académicos mientras que las extracurriculares no pueden exceder el 15%. Además, las empresas tendrán que cubrir costos adicionales como transporte y alojamiento si no hay otras ayudas disponibles, y se prohíben prácticas nocturnas, asegurando que los horarios sean compatibles con los estudios.
La normativa también aborda el problema de los “falsos becarios”, que representan aproximadamente el 40% de los estudiantes en prácticas, ya que prohíbe que los becarios sustituyan a trabajadores. También se limita la supervisión a cinco estudiantes por tutor y se establecen multas significativas para las empresas que incumplan las normas.
A pesar del respaldo de sindicatos como CCOO y UGT, la ley enfrenta críticas de la patronal y preocupaciones de los rectores de universidades respecto a la viabilidad económica, evidenciando la necesidad de equilibrar la regulación con la continuidad de las prácticas en el sector público.
Zohran Mamdani ha sido elegido alcalde de Nueva York con un 50,3% de los votos, superando a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.
Zohran Mamdani ha sido elegido alcalde de Nueva York con un 50,3% de los votos, superando a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.
Como el primer alcalde musulmán de la ciudad, Mamdani ha recibido un fuerte apoyo de los jóvenes y ha manifestado su compromiso con la inclusión, con un enfoque en la lucha contra la islamofobia y el antisemitismo. También planea abordar la crisis de vivienda que afecta a muchos neoyorquinos, prometiendo políticas que sean sensibles a las necesidades de diversas comunidades.
Zohran Mamdani ha sido elegido alcalde de Nueva York con un 50,3% de los votos, superando a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.
Como el primer alcalde musulmán de la ciudad, Mamdani ha recibido un fuerte apoyo de los jóvenes y ha manifestado su compromiso con la inclusión, con un enfoque en la lucha contra la islamofobia y el antisemitismo. También planea abordar la crisis de vivienda que afecta a muchos neoyorquinos, prometiendo políticas que sean sensibles a las necesidades de diversas comunidades.
Mamdani enfatiza su intención de renovar la ciudad y dar voz a todas las comunidades, y su visión progresista cuenta con el respaldo de figuras influyentes como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, lo que subraya su compromiso con la justicia social y económica.
Zohran Mamdani ha sido elegido alcalde de Nueva York con un 50,3% de los votos, superando a Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.
Como el primer alcalde musulmán de la ciudad, Mamdani ha recibido un fuerte apoyo de los jóvenes y ha manifestado su compromiso con la inclusión, con un enfoque en la lucha contra la islamofobia y el antisemitismo. También planea abordar la crisis de vivienda que afecta a muchos neoyorquinos, prometiendo políticas que sean sensibles a las necesidades de diversas comunidades.
Mamdani enfatiza su intención de renovar la ciudad y dar voz a todas las comunidades, y su visión progresista cuenta con el respaldo de figuras influyentes como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, lo que subraya su compromiso con la justicia social y económica.
La elección de Mamdani refuerza la posición del partido demócrata en Nueva York, justo antes de las elecciones de medio término. Su triunfo no solo puede influir en la política local, sino también tener implicaciones a nivel nacional, marcando un posible cambio hacia enfoques más progresistas en la administración pública.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en marcha debido a presuntas revelaciones de secretos.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en marcha debido a presuntas revelaciones de secretos.
En el centro de este caso, destacan las declaraciones de testigos clave como Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera del PSOE de Madrid, quienes han aportado información relevante para la investigación.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en marcha debido a presuntas revelaciones de secretos.
En el centro de este caso, destacan las declaraciones de testigos clave como Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera del PSOE de Madrid, quienes han aportado información relevante para la investigación.
La situación se ha agravado tras la filtración de un correo que involucra a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en presuntos delitos fiscales, lo que ha generado un intenso debate político en la región.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en marcha debido a presuntas revelaciones de secretos.
En el centro de este caso, destacan las declaraciones de testigos clave como Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera del PSOE de Madrid, quienes han aportado información relevante para la investigación.
La situación se ha agravado tras la filtración de un correo que involucra a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en presuntos delitos fiscales, lo que ha generado un intenso debate político en la región.
Este proceso judicial no solo afecta a García Ortiz, sino que también podría tener importantes repercusiones para la gestión política de Ayuso, quien enfrenta elecciones competitivas, mientras la Fiscalía se encuentra en el foco de las críticas por su presunta conducta durante el caso.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está en marcha debido a presuntas revelaciones de secretos.
En el centro de este caso, destacan las declaraciones de testigos clave como Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera del PSOE de Madrid, quienes han aportado información relevante para la investigación.
La situación se ha agravado tras la filtración de un correo que involucra a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en presuntos delitos fiscales, lo que ha generado un intenso debate político en la región.
Este proceso judicial no solo afecta a García Ortiz, sino que también podría tener importantes repercusiones para la gestión política de Ayuso, quien enfrenta elecciones competitivas, mientras la Fiscalía se encuentra en el foco de las críticas por su presunta conducta durante el caso.
Con el juicio avanzando, se espera que la controversia continúe alimentando el clima político en Madrid, con posibles consecuencias para las futuras decisiones electorales y la administración pública.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha firmado un contrato de 5,4 millones de euros con Eurofins Megalab, conectado a Víctor de Aldama, en medio de un contexto de tensiones políticas.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha firmado un contrato de 5,4 millones de euros con Eurofins Megalab, conectado a Víctor de Aldama, en medio de un contexto de tensiones políticas.
Koldo García presentó el proyecto, evidenciando la estrecha relación entre Torres y García a través de conversaciones por WhatsApp. Las discusiones incluyen desacuerdos con el exministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre las pruebas diagnósticas a utilizar durante la pandemia, particularmente entre antígenos y PCRs.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha firmado un contrato de 5,4 millones de euros con Eurofins Megalab, conectado a Víctor de Aldama, en medio de un contexto de tensiones políticas.
Koldo García presentó el proyecto, evidenciando la estrecha relación entre Torres y García a través de conversaciones por WhatsApp. Las discusiones incluyen desacuerdos con el exministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre las pruebas diagnósticas a utilizar durante la pandemia, particularmente entre antígenos y PCRs.
La situación es objeto de investigación por la Unidad Central Operativa (UCO), que examina el papel de García como intermediario en este contrato, arrojando luz sobre las decisiones sanitarias tomadas en la gestión de la pandemia.
El Gobierno de España ha expresado alivio tras el informe de la UCO que exonera al ministro Ángel Víctor Torres de las acusaciones de corrupción en el caso Koldo.
El Gobierno de España ha expresado alivio tras el informe de la UCO que exonera al ministro Ángel Víctor Torres de las acusaciones de corrupción en el caso Koldo.
El informe confirma que Torres es inocente, lo que ha traído tranquilidad a Moncloa, especialmente después de la detención de Santos Cerdán, otro implicado en el mismo caso, por corrupción.
El Gobierno de España ha expresado alivio tras el informe de la UCO que exonera al ministro Ángel Víctor Torres de las acusaciones de corrupción en el caso Koldo.
El informe confirma que Torres es inocente, lo que ha traído tranquilidad a Moncloa, especialmente después de la detención de Santos Cerdán, otro implicado en el mismo caso, por corrupción.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha enfatizado la falsedad de las acusaciones. Por su parte, Torres, en una rueda de prensa, rechazó las insinuaciones y acusó al Partido Popular (PP) de difamación, defendiendo su honor y su reputación.
El Gobierno de España ha expresado alivio tras el informe de la UCO que exonera al ministro Ángel Víctor Torres de las acusaciones de corrupción en el caso Koldo.
El informe confirma que Torres es inocente, lo que ha traído tranquilidad a Moncloa, especialmente después de la detención de Santos Cerdán, otro implicado en el mismo caso, por corrupción.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha enfatizado la falsedad de las acusaciones. Por su parte, Torres, en una rueda de prensa, rechazó las insinuaciones y acusó al Partido Popular (PP) de difamación, defendiendo su honor y su reputación.
Pese a que existen interacciones documentadas entre Torres y Koldo García, el Gobierno argumenta que estas son parte de la gestión pública habitual y no constituyen pruebas de corrupción. Así, se defiende la integralidad del ministro ante las acusaciones de sus adversarios políticos.
La Seguridad Social en España ha agotado las transferencias estatales para cubrir gastos en pensiones hasta 2025, alcanzando una cifra superior a la prevista.
La Seguridad Social en España ha agotado las transferencias estatales para cubrir gastos en pensiones hasta 2025, alcanzando una cifra superior a la prevista.
Este agotamiento, que suma 38.926 millones de euros, se debe a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Como resultado, el 30% de las obligaciones con los pensionistas es financiado directamente por el Estado, lo que revela un desequilibrio en el sistema de pensiones.
La Seguridad Social en España ha agotado las transferencias estatales para cubrir gastos en pensiones hasta 2025, alcanzando una cifra superior a la prevista.
Este agotamiento, que suma 38.926 millones de euros, se debe a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Como resultado, el 30% de las obligaciones con los pensionistas es financiado directamente por el Estado, lo que revela un desequilibrio en el sistema de pensiones.
La situación se agrava por la falta de iniciativas legislativas y la crisis política actual, que impide la aprobación de nuevos presupuestos. Esto no solo genera preocupaciones sobre la gobernabilidad del país, sino que también afecta la estabilidad económica en un momento en el que se requiere tomar decisiones urgentes sobre el futuro del sistema de pensiones.
La Seguridad Social en España ha agotado las transferencias estatales para cubrir gastos en pensiones hasta 2025, alcanzando una cifra superior a la prevista.
Este agotamiento, que suma 38.926 millones de euros, se debe a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Como resultado, el 30% de las obligaciones con los pensionistas es financiado directamente por el Estado, lo que revela un desequilibrio en el sistema de pensiones.
La situación se agrava por la falta de iniciativas legislativas y la crisis política actual, que impide la aprobación de nuevos presupuestos. Esto no solo genera preocupaciones sobre la gobernabilidad del país, sino que también afecta la estabilidad económica en un momento en el que se requiere tomar decisiones urgentes sobre el futuro del sistema de pensiones.
Además, el mercado laboral español enfrenta el fenómeno de la “trampa del SMI”, donde el reciente aumento del salario mínimo ha resultado en una compresión de las diferencias salariales. Esto ha llevado a que los sueldos más altos pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, sin que los aumentos beneficien realmente a estos trabajadores.
La Seguridad Social en España ha agotado las transferencias estatales para cubrir gastos en pensiones hasta 2025, alcanzando una cifra superior a la prevista.
Este agotamiento, que suma 38.926 millones de euros, se debe a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023. Como resultado, el 30% de las obligaciones con los pensionistas es financiado directamente por el Estado, lo que revela un desequilibrio en el sistema de pensiones.
La situación se agrava por la falta de iniciativas legislativas y la crisis política actual, que impide la aprobación de nuevos presupuestos. Esto no solo genera preocupaciones sobre la gobernabilidad del país, sino que también afecta la estabilidad económica en un momento en el que se requiere tomar decisiones urgentes sobre el futuro del sistema de pensiones.
Además, el mercado laboral español enfrenta el fenómeno de la “trampa del SMI”, donde el reciente aumento del salario mínimo ha resultado en una compresión de las diferencias salariales. Esto ha llevado a que los sueldos más altos pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, sin que los aumentos beneficien realmente a estos trabajadores.
La situación plantea desafíos significativos para la estructura salarial, sugiriendo la necesidad de reformas estructurales que alineen mejor los salarios con la productividad y aseguren una mayor equidad en el mercado laboral.
En los primeros nueve meses de 2025, España ha alcanzado un récord de 2,36 millones de renuncias laborales, especialmente entre empleados con contrato indefinido, lo que representa un aumento del 6,5% en comparación con el año anterior.
En los primeros nueve meses de 2025, España ha alcanzado un récord de 2,36 millones de renuncias laborales, especialmente entre empleados con contrato indefinido, lo que representa un aumento del 6,5% en comparación con el año anterior.
Este notable incremento ha despertado inquietudes sobre el estado del mercado laboral en España, donde se han visto renuncias para contratos indefinidos aumentar en un 254,9% desde 2019. En septiembre, se registraron 306.515 renuncias, con 234.302 de estos casos correspondiendo a contratos indefinidos. A pesar de la similitud de este fenómeno con la ‘Gran Dimisión’ observada en otras economías, el país enfrenta una tasa de desempleo notablemente alta del 10,4%.
En los primeros nueve meses de 2025, España ha alcanzado un récord de 2,36 millones de renuncias laborales, especialmente entre empleados con contrato indefinido, lo que representa un aumento del 6,5% en comparación con el año anterior.
Este notable incremento ha despertado inquietudes sobre el estado del mercado laboral en España, donde se han visto renuncias para contratos indefinidos aumentar en un 254,9% desde 2019. En septiembre, se registraron 306.515 renuncias, con 234.302 de estos casos correspondiendo a contratos indefinidos. A pesar de la similitud de este fenómeno con la ‘Gran Dimisión’ observada en otras economías, el país enfrenta una tasa de desempleo notablemente alta del 10,4%.
Las reformas laborales que se implementaron desde 2021 han incrementado los contratos indefinidos en un 40%, permitiendo a los trabajadores sentirse más seguros al renunciar. No obstante, los datos sugieren una posibilidad de precarización laboral, a pesar de ver una disminución en los contratos temporales, los cuales aún presentan una ratio de renuncia del 3,2%.
En los primeros nueve meses de 2025, España ha alcanzado un récord de 2,36 millones de renuncias laborales, especialmente entre empleados con contrato indefinido, lo que representa un aumento del 6,5% en comparación con el año anterior.
Este notable incremento ha despertado inquietudes sobre el estado del mercado laboral en España, donde se han visto renuncias para contratos indefinidos aumentar en un 254,9% desde 2019. En septiembre, se registraron 306.515 renuncias, con 234.302 de estos casos correspondiendo a contratos indefinidos. A pesar de la similitud de este fenómeno con la ‘Gran Dimisión’ observada en otras economías, el país enfrenta una tasa de desempleo notablemente alta del 10,4%.
Las reformas laborales que se implementaron desde 2021 han incrementado los contratos indefinidos en un 40%, permitiendo a los trabajadores sentirse más seguros al renunciar. No obstante, los datos sugieren una posibilidad de precarización laboral, a pesar de ver una disminución en los contratos temporales, los cuales aún presentan una ratio de renuncia del 3,2%.
Además, un aumento en las bajas por inactividad entre trabajadores con contratos fijos discontinuos indica que muchos buscan mejores oportunidades laborales y, si estas son atractivas, pueden optar por no regresar a sus antiguos empleos, lo que se registra como una dimisión.
En los primeros nueve meses de 2025, España ha alcanzado un récord de 2,36 millones de renuncias laborales, especialmente entre empleados con contrato indefinido, lo que representa un aumento del 6,5% en comparación con el año anterior.
Este notable incremento ha despertado inquietudes sobre el estado del mercado laboral en España, donde se han visto renuncias para contratos indefinidos aumentar en un 254,9% desde 2019. En septiembre, se registraron 306.515 renuncias, con 234.302 de estos casos correspondiendo a contratos indefinidos. A pesar de la similitud de este fenómeno con la ‘Gran Dimisión’ observada en otras economías, el país enfrenta una tasa de desempleo notablemente alta del 10,4%.
Las reformas laborales que se implementaron desde 2021 han incrementado los contratos indefinidos en un 40%, permitiendo a los trabajadores sentirse más seguros al renunciar. No obstante, los datos sugieren una posibilidad de precarización laboral, a pesar de ver una disminución en los contratos temporales, los cuales aún presentan una ratio de renuncia del 3,2%.
Además, un aumento en las bajas por inactividad entre trabajadores con contratos fijos discontinuos indica que muchos buscan mejores oportunidades laborales y, si estas son atractivas, pueden optar por no regresar a sus antiguos empleos, lo que se registra como una dimisión.
Para entender este fenómeno en su totalidad, es esencial realizar un análisis más profundo sobre la volatilidad del empleo y las implicaciones de las reformas laborales, diferenciando si este comportamiento refleja un empoderamiento de los trabajadores o una simple precarización en el mercado laboral.
El Partido Popular (PP) enfrenta un desafío en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, lo que desencadena un proceso crítico para definir su liderazgo.
El Partido Popular (PP) enfrenta un desafío en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, lo que desencadena un proceso crítico para definir su liderazgo.
Carlos Mazón dejó su cargo por motivos de agotamiento y necesidades familiares, abriendo un plazo de 12 días para que los grupos parlamentarios presenten nuevos candidatos. Si no se alcanza un acuerdo para investir un nuevo presidente en menos de dos meses, se convocarán elecciones anticipadas en marzo, coincidiendo con las celebraciones de las Fallas.
El Partido Popular (PP) enfrenta un desafío en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, lo que desencadena un proceso crítico para definir su liderazgo.
Carlos Mazón dejó su cargo por motivos de agotamiento y necesidades familiares, abriendo un plazo de 12 días para que los grupos parlamentarios presenten nuevos candidatos. Si no se alcanza un acuerdo para investir un nuevo presidente en menos de dos meses, se convocarán elecciones anticipadas en marzo, coincidiendo con las celebraciones de las Fallas.
El PP busca asegurarse el apoyo de Vox, con quienes tienen un acuerdo sobre los presupuestos, ya que juntos suman 53 escaños, lo que les da una ventaja sobre el PSPV y Compromís, que tienen 46. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, enfatiza la importancia de la colaboración de Vox para facilitar la transición y evitar un retraso en el liderazgo.
El Partido Popular (PP) enfrenta un desafío en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, lo que desencadena un proceso crítico para definir su liderazgo.
Carlos Mazón dejó su cargo por motivos de agotamiento y necesidades familiares, abriendo un plazo de 12 días para que los grupos parlamentarios presenten nuevos candidatos. Si no se alcanza un acuerdo para investir un nuevo presidente en menos de dos meses, se convocarán elecciones anticipadas en marzo, coincidiendo con las celebraciones de las Fallas.
El PP busca asegurarse el apoyo de Vox, con quienes tienen un acuerdo sobre los presupuestos, ya que juntos suman 53 escaños, lo que les da una ventaja sobre el PSPV y Compromís, que tienen 46. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, enfatiza la importancia de la colaboración de Vox para facilitar la transición y evitar un retraso en el liderazgo.
Los posibles sucesores de Mazón incluyen a Juanfran Pérez Llorca, considerado cercano a Vox; María José Català, que desea continuar como alcaldesa de Valencia; y Vicent Mompó, actual presidente de la Diputación. La dimisión de Mazón también coincide con críticas a su gestión tras la DANA y con presiones internas, lo que destaca la inestabilidad política actual en la Comunidad Valenciana.
El Tribunal Económico-Administrativo Central ha permitido que la Agencia Tributaria use datos de inspecciones para regularizar ejercicios fiscales no auditados.
El Tribunal Económico-Administrativo Central ha permitido que la Agencia Tributaria use datos de inspecciones para regularizar ejercicios fiscales no auditados.
Esta decisión está orientada a mejorar la eficiencia de las inspecciones fiscales, evitando la necesidad de abrir múltiples procedimientos que incremente los costos para los contribuyentes. La medida busca facilitar el proceso fiscal y disminuir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria.
El Tribunal Económico-Administrativo Central ha permitido que la Agencia Tributaria use datos de inspecciones para regularizar ejercicios fiscales no auditados.
Esta decisión está orientada a mejorar la eficiencia de las inspecciones fiscales, evitando la necesidad de abrir múltiples procedimientos que incremente los costos para los contribuyentes. La medida busca facilitar el proceso fiscal y disminuir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la propia Agencia Tributaria.
El TEAC respalda que las inspecciones se extiendan a diferentes obligaciones tributarias y períodos, siempre que se respete un límite de tiempo de 18 meses. Esto significa que, aunque se puedan utilizar datos de ejercicios anteriores, la Agencia aún debe operar dentro de un marco temporal específico para garantizar la legalidad en su aplicación.
El alquiler en España ha aumentado un 10,9% en octubre, alcanzando un promedio de 14,5 euros por metro cuadrado.
El alquiler en España ha aumentado un 10,9% en octubre, alcanzando un promedio de 14,5 euros por metro cuadrado.
En particular, Barcelona se destaca como la ciudad más cara para alquilar, con un precio promedio de 24,3 euros por metro cuadrado. Las ciudades de Madrid y Palma siguen de cerca en costos, mientras que Ceuta y Zamora registraron el mayor aumento en los precios de alquiler, reflejando un cupo limitado de viviendas y alta demanda.
El alquiler en España ha aumentado un 10,9% en octubre, alcanzando un promedio de 14,5 euros por metro cuadrado.
En particular, Barcelona se destaca como la ciudad más cara para alquilar, con un precio promedio de 24,3 euros por metro cuadrado. Las ciudades de Madrid y Palma siguen de cerca en costos, mientras que Ceuta y Zamora registraron el mayor aumento en los precios de alquiler, reflejando un cupo limitado de viviendas y alta demanda.
Sin embargo, no todas las provincias han visto un aumento; Huesca fue la única que experimentó una disminución en los precios de alquiler. Esta baja en Huesca contrasta con la tendencia general en la mayoría de las provincias, donde los precios siguen en aumento y generan creciente preocupación sobre la accesibilidad de la vivienda en el país.
El alquiler en España ha aumentado un 10,9% en octubre, alcanzando un promedio de 14,5 euros por metro cuadrado.
En particular, Barcelona se destaca como la ciudad más cara para alquilar, con un precio promedio de 24,3 euros por metro cuadrado. Las ciudades de Madrid y Palma siguen de cerca en costos, mientras que Ceuta y Zamora registraron el mayor aumento en los precios de alquiler, reflejando un cupo limitado de viviendas y alta demanda.
Sin embargo, no todas las provincias han visto un aumento; Huesca fue la única que experimentó una disminución en los precios de alquiler. Esta baja en Huesca contrasta con la tendencia general en la mayoría de las provincias, donde los precios siguen en aumento y generan creciente preocupación sobre la accesibilidad de la vivienda en el país.
La situación ha llevado a un debate acalorado acerca de las políticas de vivienda y la necesidad de implementar medidas que protejan a los inquilinos y faciliten el acceso a una vivienda asequible en un contexto de creciente presión en el mercado inmobiliario.










