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El Gobierno español enfrenta una crisis tras la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz, lo que ha provocado reacciones y protestas en el país.

El Gobierno español enfrenta una crisis tras la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz, lo que ha provocado reacciones y protestas en el país.

Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha exigido movilización ciudadana y denunció la sentencia como un intento de la judicatura por desestabilizar al Gobierno, contrastando con la postura más moderada de Félix Bolaños, ministro de Justicia, quien pidió confianza en las instituciones.

El Gobierno español enfrenta una crisis tras la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz, lo que ha provocado reacciones y protestas en el país.

Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha exigido movilización ciudadana y denunció la sentencia como un intento de la judicatura por desestabilizar al Gobierno, contrastando con la postura más moderada de Félix Bolaños, ministro de Justicia, quien pidió confianza en las instituciones.

Óscar López del PSOE ha calificado la sentencia de “injusticia”, acusando a ciertos jueces de politización. A pesar de estas diferencias, el Gobierno considera que las diversas opiniones reflejan una estrategia comunicacional conjunta. La atención está centrada en cómo Pedro Sánchez maneja la situación, contemplando la defensa constitucional para García Ortiz.

El Gobierno español enfrenta una crisis tras la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz, lo que ha provocado reacciones y protestas en el país.

Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha exigido movilización ciudadana y denunció la sentencia como un intento de la judicatura por desestabilizar al Gobierno, contrastando con la postura más moderada de Félix Bolaños, ministro de Justicia, quien pidió confianza en las instituciones.

Óscar López del PSOE ha calificado la sentencia de “injusticia”, acusando a ciertos jueces de politización. A pesar de estas diferencias, el Gobierno considera que las diversas opiniones reflejan una estrategia comunicacional conjunta. La atención está centrada en cómo Pedro Sánchez maneja la situación, contemplando la defensa constitucional para García Ortiz.

La urgencia por conocer la decisión final del Tribunal Supremo se siente en el ambiente político, ya que este fallo podría tener repercusiones significativas en la estabilidad del Gobierno y la política interna española.