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El Gobierno español está promoviendo una regularización extraordinaria que podría beneficiar a alrededor de un millón de inmigrantes en situación irregular.

El Gobierno español está promoviendo una regularización extraordinaria que podría beneficiar a alrededor de un millón de inmigrantes en situación irregular.

Esta iniciativa ha despertado controversia, ya que el Tribunal Supremo ha decidido elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su compatibilidad con el derecho comunitario. Al mismo tiempo, algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana y Aragón, han presentado recursos en contra de esta medida, cuestionando su legalidad y ejecución.

El Gobierno español está promoviendo una regularización extraordinaria que podría beneficiar a alrededor de un millón de inmigrantes en situación irregular.

Esta iniciativa ha despertado controversia, ya que el Tribunal Supremo ha decidido elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su compatibilidad con el derecho comunitario. Al mismo tiempo, algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana y Aragón, han presentado recursos en contra de esta medida, cuestionando su legalidad y ejecución.

Desde el inicio del proceso hace más de dos meses, se han recibido cerca de un millón de solicitudes, lo que ha permitido otorgar permisos provisionales a un gran número de inmigrantes para residir y trabajar en España. El Gobierno sostiene que la norma cuenta con un respaldo jurídico sólido, apoyado por el Consejo de Estado, y está trabajando con la Abogacía del Estado para abordar las inquietudes legales que han surgido.

El Gobierno español está promoviendo una regularización extraordinaria que podría beneficiar a alrededor de un millón de inmigrantes en situación irregular.

Esta iniciativa ha despertado controversia, ya que el Tribunal Supremo ha decidido elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su compatibilidad con el derecho comunitario. Al mismo tiempo, algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana y Aragón, han presentado recursos en contra de esta medida, cuestionando su legalidad y ejecución.

Desde el inicio del proceso hace más de dos meses, se han recibido cerca de un millón de solicitudes, lo que ha permitido otorgar permisos provisionales a un gran número de inmigrantes para residir y trabajar en España. El Gobierno sostiene que la norma cuenta con un respaldo jurídico sólido, apoyado por el Consejo de Estado, y está trabajando con la Abogacía del Estado para abordar las inquietudes legales que han surgido.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha expresado serias dudas sobre la legalidad de esta regularización masiva, destacando que la falta de coordinación con otros Estados miembros de la UE podría violar el nuevo pacto de migración y asilo. Estas preocupaciones podrían frenar el avance de la regularización si se determina que no se ajusta a las normativas europeas.