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Más de la mitad de los españoles se opone al derecho al voto para los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no han residido en el país.

Más de la mitad de los españoles se opone al derecho al voto para los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no han residido en el país.

Esta ley, que facilita la obtención de la nacionalidad a los descendientes de exiliados por la Guerra Civil, ha generado controversia tras el registro de aproximadamente 2,5 millones de solicitudes. Las críticas provienen en gran parte del Partido Popular (PP), que acusa al gobierno de llevar a cabo una ‘ingeniería electoral’ para aumentar su base de votantes.

Más de la mitad de los españoles se opone al derecho al voto para los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no han residido en el país.

Esta ley, que facilita la obtención de la nacionalidad a los descendientes de exiliados por la Guerra Civil, ha generado controversia tras el registro de aproximadamente 2,5 millones de solicitudes. Las críticas provienen en gran parte del Partido Popular (PP), que acusa al gobierno de llevar a cabo una ‘ingeniería electoral’ para aumentar su base de votantes.

A pesar de que un 37,8% de la población apoya la nacionalización de estos descendientes, la polarización entre los partidos políticos se ve reflejada en el debate sobre el derecho al sufragio. Los partidos en oposición se manifiestan preocupados por la legitimidad de este proceso electoral.

Más de la mitad de los españoles se opone al derecho al voto para los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no han residido en el país.

Esta ley, que facilita la obtención de la nacionalidad a los descendientes de exiliados por la Guerra Civil, ha generado controversia tras el registro de aproximadamente 2,5 millones de solicitudes. Las críticas provienen en gran parte del Partido Popular (PP), que acusa al gobierno de llevar a cabo una ‘ingeniería electoral’ para aumentar su base de votantes.

A pesar de que un 37,8% de la población apoya la nacionalización de estos descendientes, la polarización entre los partidos políticos se ve reflejada en el debate sobre el derecho al sufragio. Los partidos en oposición se manifiestan preocupados por la legitimidad de este proceso electoral.

Las denuncias de irregularidades y la falta de transparencia también están en el centro de la discusión, complicando aún más el panorama político. Este debate pone de manifiesto las profundas divisiones en torno a los derechos electorales y la forma en que se expande el censo electoral en España.