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El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto que permitirá la regularización de entre 500,000 y un millón de inmigrantes en situación irregular.

El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto que permitirá la regularización de entre 500,000 y un millón de inmigrantes en situación irregular.

La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor este jueves y establece condiciones específicas, incluyendo haber residido en España desde antes del 1 de enero de 2026 y la ausencia de antecedentes penales. Los inmigrantes que cumplan con estos requisitos podrán obtener permisos de residencia y trabajo, además de acceso a servicios esenciales como la sanidad pública y ayudas al alquiler.

El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto que permitirá la regularización de entre 500,000 y un millón de inmigrantes en situación irregular.

La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor este jueves y establece condiciones específicas, incluyendo haber residido en España desde antes del 1 de enero de 2026 y la ausencia de antecedentes penales. Los inmigrantes que cumplan con estos requisitos podrán obtener permisos de residencia y trabajo, además de acceso a servicios esenciales como la sanidad pública y ayudas al alquiler.

Sin embargo, la regularización no contempla recursos adicionales para las comunidades autónomas, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad de estas para gestionar la mayor demanda de servicios públicos. Las solicitudes para el proceso de regularización podrán presentarse hasta el 30 de junio, y la administración tendrá un plazo de tres meses para resolver las peticiones.

El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto que permitirá la regularización de entre 500,000 y un millón de inmigrantes en situación irregular.

La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigor este jueves y establece condiciones específicas, incluyendo haber residido en España desde antes del 1 de enero de 2026 y la ausencia de antecedentes penales. Los inmigrantes que cumplan con estos requisitos podrán obtener permisos de residencia y trabajo, además de acceso a servicios esenciales como la sanidad pública y ayudas al alquiler.

Sin embargo, la regularización no contempla recursos adicionales para las comunidades autónomas, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad de estas para gestionar la mayor demanda de servicios públicos. Las solicitudes para el proceso de regularización podrán presentarse hasta el 30 de junio, y la administración tendrá un plazo de tres meses para resolver las peticiones.

Esta nueva política migratoria se presenta como un contraste ante las medidas más restrictivas que se han adoptado en otras partes de Europa, resaltando un enfoque humanitario que busca integrar a los inmigrantes que ya están contribuyendo a la sociedad española.