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Gabary Salek y cientos de saharauis en un campamento en Ibiza enfrentan un limbo legal por su estatus de apátridas, con procesos de reconocimiento que pueden durar más de tres años.

Gabary Salek y cientos de saharauis en un campamento en Ibiza enfrentan un limbo legal por su estatus de apátridas, con procesos de reconocimiento que pueden durar más de tres años.

A pesar de la regularización extraordinaria del Gobierno español, los apátridas han sido excluidos, obligando a muchos a trabajar sin contratos formales y sin la garantía de pago. Este fenómeno lo vivió Brahim Hadi, quien tardó casi dos años en obtener su estatus de apátrida, permitiéndole trabajar legalmente, aunque sus condiciones de vida dentro del campamento son precarias y amenazan su estabilidad.

Gabary Salek y cientos de saharauis en un campamento en Ibiza enfrentan un limbo legal por su estatus de apátridas, con procesos de reconocimiento que pueden durar más de tres años.

A pesar de la regularización extraordinaria del Gobierno español, los apátridas han sido excluidos, obligando a muchos a trabajar sin contratos formales y sin la garantía de pago. Este fenómeno lo vivió Brahim Hadi, quien tardó casi dos años en obtener su estatus de apátrida, permitiéndole trabajar legalmente, aunque sus condiciones de vida dentro del campamento son precarias y amenazan su estabilidad.

La falta de documentos impide el acceso a servicios básicos, generando un sentimiento de inseguridad y negando derechos esenciales a los saharauis, como lo experimentó Brahim al no poder asistir al funeral de su hermano. Otros saharauis, como Saleh Said y Bachir Mohamed, comparten sus historias de trabajar en negro mientras esperan soluciones que les permitan vivir con dignidad.

Gabary Salek y cientos de saharauis en un campamento en Ibiza enfrentan un limbo legal por su estatus de apátridas, con procesos de reconocimiento que pueden durar más de tres años.

A pesar de la regularización extraordinaria del Gobierno español, los apátridas han sido excluidos, obligando a muchos a trabajar sin contratos formales y sin la garantía de pago. Este fenómeno lo vivió Brahim Hadi, quien tardó casi dos años en obtener su estatus de apátrida, permitiéndole trabajar legalmente, aunque sus condiciones de vida dentro del campamento son precarias y amenazan su estabilidad.

La falta de documentos impide el acceso a servicios básicos, generando un sentimiento de inseguridad y negando derechos esenciales a los saharauis, como lo experimentó Brahim al no poder asistir al funeral de su hermano. Otros saharauis, como Saleh Said y Bachir Mohamed, comparten sus historias de trabajar en negro mientras esperan soluciones que les permitan vivir con dignidad.

Estos testimonios subrayan la obligación del Gobierno español de proteger al pueblo saharaui, dada la relación histórica y cultural entre ambos. Los afectados exigen poder trabajar legalmente en España, buscando un futuro más seguro y digno.